El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al Ministerio Público de Guatemala de actuar bajo intereses criminales, después que el ente emitió órdenes de detención contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el embajador ante el Vaticano, Iván Velásquez, por supuestos hechos de corrupción vinculados a su pasado en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
A través de su cuenta en X (antes Twitter), Petro dijo que la “fiscalía de Guatemala, como la fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías”, expresó el mandatario, señalando un patrón en América Latina de cooptación judicial.
Petro fue más allá al advertir que las “multinacionales del narcotráfico” buscan tomar el control de los sistemas de justicia para operar con impunidad. En ese contexto, llamó a conformar equipos de abogados internacionales para iniciar una causa penal contra estas redes criminales ante la justicia penal internacional.
La fiscalía de Guatemala cono la fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías.
Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos… https://t.co/rl9lGlaQBJ
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2025
Por su parte, la fiscal Camargo descartó que la orden de captura internacional tenga efectos reales.
“Las circulares rojas son colaboraciones entre policías de otros países. Según el Gobierno de Guatemala, indicaría que no va a ser solicitado por ese país, por lo que imposibilita que yo sea objeto de una captura al salir del país”, explicó, subrayando la falta de viabilidad jurídica de la medida.
Camargo e Iván Velásquez, reconocido excomisionado de la CICIG y actual embajador (también exministro de Defensa) colombiano, han sido figuras clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en la región. Las declaraciones de Petro marcan una posición política contundente frente a lo que considera una instrumentalización de la justicia por parte de intereses criminales.
“Las circulares rojas son colaboraciones entre policías de otros países. Según el Gobierno de Guatemala, indicaría que no va a ser solicitado por ese país, por lo que imposibilita de que yo sea objeto de una captura al salir del país”, fiscal Luz Adriana Camargo. pic.twitter.com/S91NDkJTTo
— Radio Nacional CO (@RadNalCo) June 3, 2025
El conflicto que reaviva las heridas entre impunidad
La ofensiva legal del Ministerio Público de Guatemala contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo revive el fantasma de una cruzada judicial contra quienes integraron la CICIG, el organismo respaldado por la ONU que entre 2007 y 2019 desmanteló estructuras de corrupción en el Estado guatemalteco.
La fiscal general Consuelo Porras, actual jefa del Ministerio Público guatemalteco, ha sido señalada repetidamente por organizaciones internacionales por obstaculizar investigaciones clave y por utilizar su cargo para perseguir a antiguos aliados de la CICIG. El Departamento de Estado de Estados Unidos la ha incluido en su lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos.
La orden de captura contra 2 altos funcionarios colombianos en ejercicio, sin una exposición pública de las pruebas ni debido proceso, ha sido interpretada como una reacción política y simbólica más que jurídica. La CICIG tocó intereses poderosos en Guatemala, y sus antiguos integrantes continúan pagando el costo.
Las declaraciones de Petro deben entenderse en este contexto: hay una creciente preocupación en América Latina por la captura del poder judicial por parte de redes criminales y élites políticas.
