El Parlamento Europeo condenó el jueves la represión a manos del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo y pidió a la Corte Penal Internacional iniciar investigaciones sobre los abusos de la dictadura nicaragüense.
En una resolución aprobada a mano alzada, los eurodiputados denuncian la persecución “sistemática, repetida y arbitraria” a la que están sometidos desde 2018 los defensores de los derechos humanos, opositores y representantes religiosos, principalmente católicos, en Nicaragua. El pleno reclama la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y el restablecimiento del Estado de Derecho en el país y reclamó sanciones contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y su círculo cercano.
Los eurodiputados instaron a los Estados miembros a iniciar investigaciones a través de la Corte Penal Internacional sobre el régimen de Ortega y Murillo por crímenes contra la humanidad y reiteran su demanda de que la UE amplíe la lista de personas sancionadas para incluir a ambos y a su círculo de allegados.
Los eurodiputados denuncian el uso del exilio y la revocación de la nacionalidad “como arma contra las voces disidentes”, piden que se permita el retorno seguro de los exiliados e insisten en la importancia de respetar el derecho a la disidencia.
La resolución también pide al régimen de Ortega y Murillo que revoque la reciente reforma constitucional que, entre otras cosas, establece una copresidencia para ambos que controla todos los poderes del Estado, las instituciones independientes y los medios de comunicación.
Los eurodiputados recalcan que la Unión Europea debe exigir garantías de respeto de los derechos humanos a la hora de asignar fondos al país y velar por que el dinero europeo no contribuya a reforzar el régimen de Ortega y Murillo.
Esta es la primera ocasión en que el Parlamento Europeo se pronuncia sobre la situación en Nicaragua desde el inicio de la legislatura, en julio de 2024. En la anterior legislatura (2019-2024), el PE adoptó siete resoluciones denunciando la deriva autoritaria y la persecución de la disidencia por parte del régimen nicaragüense.
Finalmente, la resolución pide la extradición inmediata del exmiembro de las Brigadas Rojas italianas, Alessio Casimirri, a Italia, por su participación en el secuestro y asesinato del exprimer ministro de ese país, Aldo Moro en 1978. Casimirri vive en Nicaragua desde los años 80, bajo la protección de la dictadura Ortega-Murillo, que le otorgó la nacionalidad nicaragüense.
Durante el debate, varios eurodiputados solicitaron también revocar el Acuerdo de Asociación (Tratado de Libre Comercio) de Nicaragua con la Unión Europea.