El Parlamento Centroamericano (Parlacen) representa un gasto significativo para el Estado panameño, costando anualmente $2.3 millones, de acuerdo a un reporte de prensa local.
Este presupuesto se destina, en gran medida, a los salarios de sus miembros, quienes gozan de privilegios similares a los de los diputados de la Asamblea Nacional, a pesar de que las decisiones del Parlacen no son vinculantes.
La reciente solicitud de juramentación de Laurentino Cortizo, expresidente de Panamá (2019-2024), como diputado del Parlacen, ha reavivado el debate sobre la utilidad y relevancia de este organismo. Cortizo se une a los últimos cinco expresidentes del país que han optado por este camino, lo que ha generado críticas sobre la función real del Parlacen y los beneficios que ofrece a sus integrantes.
El presupuesto del Parlacen proviene de las cuotas anuales de los Estados miembros, lo que incluye a Panamá y Guatemala, entre otros. A pesar de la falta de transparencia y los cuestionamientos sobre su efectividad, los salarios de los 20 diputados panameños en el Parlacen oscilan entre $4,500 y $4,900 mensuales, dependiendo de su participación en sesiones en Guatemala.
Sin embargo, los ingresos netos se ven disminuidos por gastos de viaje y alojamiento.
El proceso de juramentación de los diputados se divide en 2 etapas: los diputados electos deben ser validados en una comisión antes de su juramentación en la asamblea plenaria, mientras que los expresidentes y exvicepresidentes deben solicitar formalmente su inclusión en la agenda del Parlacen. Solo tras cumplir con todos los requisitos legales pueden ser oficialmente juramentados.
