El Gobierno de Panamá, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, ha recurrido a figuras religiosas para intentar destrabar la huelga que paraliza la provincia de Bocas del Toro desde hace casi siete semanas, en medio de crecientes tensiones sociales y daños económicos que se extienden al resto del país.
Mulino anunció el viernes que envió una carta personal al líder sindical Francisco Smith, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Banano, a través del arzobispo católico José Domingo Ulloa y el rabino Gustavo Kraselnik, quienes actuarán como mediadores en el conflicto.
“Concluí una reunión muy importante con monseñor Ulloa y el rabino Kraselnik. Les entregué una carta personal para que monseñor sea portador y se la entregue al dirigente Smith”, declaró el mandatario, quien también expresó su disposición a presentar una nueva legislación para el sector bananero.
El conflicto se originó por la aprobación de la Ley 462, que reforma el régimen de pensiones del país. Aunque el gobierno asegura que no afecta al sector bananero, los trabajadores han mantenido una huelga indefinida, alegando que la nueva ley pone en riesgo los beneficios establecidos por la Ley 45, que garantiza derechos laborales, atención médica y subsidios para los trabajadores del banano.
Pese a que la justicia declaró ilegal la huelga, el paro continúa y ha tenido consecuencias devastadoras. La empresa Chiquita Brands cesó operaciones y despidió a casi 5.000 trabajadores. Esta semana anunció la liquidación de más de 1.000 empleados adicionales, lo que agrava la situación en una de las provincias más vulnerables del país.
Mulino ha condicionado cualquier discusión legislativa a que se levanten los bloqueos y ha reiterado que la Ley 462 no será modificada. “No hay diálogo sobre la reforma de pensiones”, insistió, defendiendo que fue aprobada bajo métodos democráticos.
La mediación de Ulloa y Kraselnik busca abrir un canal de comunicación directo con los bananeros, que ya anunciaron que viajarán el lunes a la capital para reunirse con la presidenta de la Asamblea Nacional. Llevan una lista de 14 peticiones, entre ellas una revisión parcial de la Ley 462 y una nueva norma específica para su sector.
Pero el malestar no se limita a Bocas del Toro. En el Darién, al sureste, indígenas intentaron bloquear la carretera Panamericana, lo que derivó en enfrentamientos con la policía, varios heridos y una vivienda incendiada. En Ciudad de Panamá, gremios docentes, sindicatos y estudiantes continúan con marchas, huelgas y disturbios. El Ministerio de Educación anunció la suspensión del salario para unos 15.000 profesores en paro.
El conflicto se desarrolla en un ambiente de tensión generalizada. Tres líderes del sindicato Suntracs enfrentan procesos judiciales por supuestos delitos financieros, mientras siguen vigentes las protestas por la clausura de la mina de cobre de Donoso y el reciente memorando de seguridad firmado con Estados Unidos, que sectores sociales denuncian como una amenaza a la soberanía.
La crisis social y económica escala, y Panamá parece apostar su última carta a la mediación moral de sus líderes religiosos para frenar el colapso. El país, profundamente polarizado, busca un punto de inflexión que le devuelva la estabilidad sin comprometer la institucionalidad.
