Un estudio titulado “Pactos Colectivos: ¿Hasta Dónde Llegan los Privilegios?”, reveló que solo en 2024 las remuneraciones aumentaron en 2,459 millones de quetzales (equivalentes a 321.1 millones de dólares), un 7.6%. Este incremento ha creado cargas fiscales permanentes que reducen la flexibilidad del presupuesto nacional de Guatemala y amenazan la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El análisis señala que siete instituciones del sector público han suscrito pactos colectivos con beneficios considerados excesivos: el Ministerio de Educación, el Organismo Judicial, el Ministerio de Economía, la Empresa Portuaria Quetzal, la Municipalidad de Villa Nueva, el Congreso de la República y la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Entre los privilegios detectados destacan bonos fijos mensuales y anuales, ayudas económicas para convivios y actividades deportivas, así como la asignación de vehículos con mantenimiento y renovación periódica.
El estudio detalla que en al menos tres instituciones: Ministerio de Economía, Empresa Portuaria Quetzal y USAC, se prioriza la contratación de familiares de trabajadores, limitando concursos abiertos y debilitando el principio de idoneidad que establece la Constitución. Asimismo, las comisiones mixtas de ascenso, donde participan representantes sindicales, restringen la competencia técnica y favorecen intereses gremiales.
Otro de los hallazgos es el uso de fondos estatales para fines sindicales. En algunos casos, se han destinado hasta 190,000 mil quetzales (casi 25 mil dólares) para cubrir gastos de negociación colectiva.
La falta de una normativa específica para la negociación en el sector público ha permitido que se apliquen marcos de derecho privado, lo que contradice la Constitución y debilita el servicio civil.
La investigación advierte que, de no regularse, estos privilegios podrían convertirse en derechos adquiridos difíciles de revertir. En contraste, países como Uruguay, Costa Rica y Paraguay han optado por leyes diferenciadas que limitan los pactos colectivos al presupuesto vigente, fortalecen la meritocracia y promueven la transparencia en la función pública.
Impacto en la eficiencia institucional
La investigadora Andrea Monterroso, del CIEN, explicó que los pactos colectivos analizados ignoran principios como el mérito, la racionalidad técnica y la equidad, debilitando la gestión del recurso humano en el Estado. Esto, advirtió, podría consolidar un modelo laboral insostenible que afecta directamente la calidad de los servicios públicos.
El estudio recomienda aprobar una ley específica para regular la negociación colectiva en el sector público, respetando la Ley de Servicio Civil, la Ley de Salarios y la Ley Orgánica del Presupuesto.
Además, propone homologar escalas salariales y días de licencia entre instituciones, y prohibir el uso de recursos estatales en actividades sindicales. Con estas medidas, se busca evitar que privilegios gremiales sigan comprometiendo el equilibrio fiscal y la eficiencia institucional en Guatemala.
