La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó este miércoles una nueva reforma constitucional que elimina la figura del director general de la Policía Nacional y la sustituye por un doble mando.
La institución, además, cambiará de nombre y pasará a llamarse “Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua”, con periodos de jefatura ampliados a seis años.
La enmienda, presentada con carácter de urgencia por la dictadura conyugal, la aprobaron en primera legislatura por unanimidad los diputados oficialistas.
También adelantaron modificaciones a la Ley 872 de la Policía para acomodar los cambios, pese a que la reforma constitucional aún no está ratificada en segunda legislatura.
Una jefatura de dos cabezas
El artículo 125 de la Constitución, que antes facultaba a la Presidencia para designar a un director general, ahora establece que serán nombrados dos jefes policiales de entre los comisionados generales de la Jefatura Nacional.
La reforma también amplía el periodo de ejercicio del cargo de cinco a seis años, prorrogables a discreción de Ortega y Murillo.
El nuevo esquema abre la posibilidad de un nombramiento inminente en septiembre, cuando celebran el aniversario de la policía sandinista.
Según fuentes legislativas, la dictadura podría designar a una mujer para cumplir con las disposiciones de paridad de género, aunque el régimen mantiene reserva sobre los nombres.
Lea además: Asamblea sandinista aprueba “superministerio” de justicia bajo control de Ortega y Murillo
Reacomodo político
El cambio se produce en un contexto de creciente desconfianza interna en el cuerpo policial, tras las críticas al prolongado y vergonzoso mando del actual jefe, Francisco “Paquito” Díaz, consuegro de la pareja dictatorial y sancionado por violaciones de derechos humanos.
Díaz asumió en abril de 2018, en plenas protestas y según investigaciones de organismos internacionales, es el responsable de ejecutar las órdenes de Ortega y Murillo, que derivaron en masacres y ejecuciones, torturas y desapariciones contra civiles.
Observadores apuntan a que el doble mando busca equilibrar las lealtades dentro de la institución represiva y asegurar el control político de un aparato clave para la permanencia de la familia dinástica Ortega Murillo en el poder.
Cambio semántico y de identidad
La reforma elimina toda referencia al “director general de la Policía Nacional” y sustituye la denominación institucional por “Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua”, un giro semántico que suprime la noción histórica de Policía Sandinista, creada tras la revolución en septiembre de 1979.
Críticos y opositores en el exilio señalan que estas modificaciones evidencian la voluntad de la dictadura de remodelar a su medida a una institución acusada de represión, ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad desde las protestas de abril de 2018, documentados por organismos internacionales de derechos humanos.
Con esta tercera reforma constitucional en lo que va del año, Ortega y Murillo continúan centralizando el control de las fuerzas de seguridad, consolidando lo que analistas describen como un modelo de “Estado policial” en Nicaragua.
