Al menos un centenar de organizaciones y de activistas enviaron a la Asamblea Legislativa una carta pidiendo a los diputados que reformen el reglamento interno para garantizar que los casos de acoso sexual no queden impunes. Además, solicitan que esos casos sean juzgados como responden.
Luego de que varias bancadas se negaran a asistir a dos sesiones de la pasada Asamblea y que esta nueva administración archivara el caso de Fabricio Alvarado, acusado de acoso sexual, las organizaciones piden que reformen el reglamento. En el caso del exfuncionario “le han fallado una y otra vez”.
El caso del exdiputado Alvarado fue archivado por la nueva presidenta, Yara Jiménez. Sin embargo, había dos de tres informes legislativos que recomendaban sancionarlo por la denuncia interpuesta por la legisladora, Marulín Azofeifa.
“Denunciar en el propio órgano legislativo es un ejercicio de responsabilidad con la institucionalidad y con el derecho de las mujeres a participar en política libres de violencia” aseguran las organizaciones firmantes de la carta remitida al Órgano Legislativo.
Aunque Alvarado no fue sancionado ante la Asamblea, la denuncia judicial sigue avanzando con las audiencias programadas. Esto ocurre no solo por la denuncia de Azofeifa, sino también de otras dos mujeres. Aunque Alvarado ha llegado a las audiencias, ha evitado emitir cualquier juicio sobre su caso.
El abogado de Alvarado, Eric Ramos, ha dicho que la Asamblea tiene “temas más relevantes” que abordar, tratando de menospreciar los abusos que las mujeres aseguran haber sufrido, además, que es pastor evangélico y excandidato presidencial de Nueva República.
A dos días de terminar su período como diputado, Alvarado salió del país con destino a Argentina. Sin embargo, regresó a Costa Rica para el inicio del juicio en su contra. El abogado de Alvarado fue consultado sobre si su defendido estaba negociando ser embajador para escudarse, pero el defensor solo dijo que no respondería especulaciones.
