Organizaciones opositoras nicaragüenses alertaron este viernes que el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA) está en riesgo debido a las constantes violaciones de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a los derechos laborales, sindicales y humanos.
A través de una comunicación conjunta, los firmantes responsabilizaron directamente a la dictadura de una eventual suspensión del tratado y de las graves repercusiones que esta medida tendría sobre la economía nacional, particularmente en sectores vulnerables como las zonas francas.
“Los responsables ante el pueblo de Nicaragua de la posible suspensión del CAFTA y las severas consecuencias que sobre los trabajadores y sus familias esta suspensión pueda acarrear son únicamente del régimen Ortega-Murillo”, indicaron.
Entre las organizaciones firmantes están: Concertación Democrática Nicaragüense, Alianza Universitaria Nicaragüense, Mesa Somos Todos Nicaragüenses, Asamblea Nicaragüense por la Democracia y Plataforma de Unidad por la Democracia.
Desde hace casi dos décadas, Nicaragua ha sido uno de los principales beneficiarios del CAFTA, con Estados Unidos como el principal destino de sus exportaciones. Más de 120,000 empleos en el régimen de zonas francas dependen directamente de este acuerdo.
Además del beneficio económico, el tratado establece compromisos en materia de derechos laborales, libertad sindical y estándares ambientales. No obstante, los colectivos denunciaron que estos han sido sistemáticamente violados por el gobierno, en lo que calificaron como una deriva autoritaria con absoluto desinterés por evitar los daños sobre la población.
La declaración también señala el acercamiento del régimen con China, con la intención de reemplazar el CAFTA por un acuerdo comercial con ese país. Las organizaciones denunciaron que este vínculo con China solo ha generado “competencia desleal a los comerciantes nicaragüenses y ningún incremento en las exportaciones.”
Los firmantes interpretan las recientes medidas de Estados Unidos como una señal de rechazo a la impunidad con la que, afirman, operan Ortega y Murillo. Reiteraron además su solidaridad con las familias de las víctimas de la represión, los presos políticos, los más de 700,000 migrantes y los más de 100,000 trabajadores que han perdido su empleo desde el inicio de la crisis.
“Nuestro compromiso es con la lucha por la restitución de la democracia, el retorno de la libertad y la búsqueda de relaciones comerciales que beneficien al pueblo”, subraya el comunicado, fechado el 7 de noviembre de 2025.
