Organizaciones que integran la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) hicieron un llamado a los Estados democráticos y organismos internacionales para que actúen de manera inmediata frente a la situación política y de derechos humanos en Nicaragua.
El pronunciamiento sostiene que el país atraviesa una crisis prolongada bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes señalan de cometer violaciones graves a los derechos humanos contra la población nicaragüense.
De acuerdo con la plataforma, el informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN) documenta presuntas responsabilidades de Ortega, Murillo y 52 altos funcionarios del Estado en delitos como asesinatos, torturas, encarcelamientos arbitrarios, desapariciones forzadas y persecución política desde abril de 2018.
El documento también señala que estos delitos podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad, por lo que sus responsables podrían enfrentar procesos bajo el principio de justicia universal y eventualmente ante instancias internacionales como la Corte Penal Internacional.
Según la organización, el informe también expone supuestos desvíos de recursos públicos para financiar grupos armados progubernamentales durante la denominada “Operación Limpieza”, realizada en 2018 en varias ciudades del país.
Las organizaciones denunciaron además que el sistema judicial nicaragüense ha sido debilitado tras la destitución de más de 1,500 jueces y defensores públicos desde 2023, lo que, según señalan, ha dejado a las víctimas sin acceso efectivo a la justicia.
El pronunciamiento también advierte sobre el aumento del desplazamiento de ciudadanos nicaragüenses, al señalar que más de 342,000 personas solicitaron asilo en el extranjero hasta finales de 2025.
Asimismo, denunciaron que 452 nicaragüenses fueron declarados apátridas mediante procesos judiciales, lo que implicó la pérdida de su nacionalidad, bienes y derechos civiles.
