La decisión de la dictadura Ortega-Murillo de dar asilo al expresidente panameño, Ricardo Martinelli, ha sido duramente criticada por opositores nicaragüenses que ven el contraste de acoger a un exmandatario condenado por corrupción mientras se destierra a opositores y se violan los derechos humanos.
“Mientras la obligación de los Estados es cooperar internacionalmente con las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito y corrupción, Ortega burla el principio jurídico de refugio y asilo político, reconocido en varios instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 14) y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, junto con su Protocolo de 1967”, dijo Félix Maradiaga, presidente de la Fundación Libertad y expreso político nicaragüense.
Para Maradiaga, “la Nicaragua de Ortega es una guarida de fugitivos”.
Martinelli se refugió el miércoles en la embajada nicaragüense en Panamá y la dictadura Ortega-Murillo le concedió asilo de manera inmediata. El gobierno de Laurentino Cortizo le negó el viernes el salvoconducto para que pueda viajara a NIcaragua.
El expreso político y exprecandidato presidencial, Juan Sebastián Chamorro, advirtió que “hay que ser descarado de verdad para hablar de respeto a las leyes internacionales y el trato humanitario”.
“La dictadura es la primera en violar la ley y se llena de palabras hipócritas. Bien que no le den salvoconducto a ese corrupto (Martinelli) y que se quede ahí encerrado”, dijo Chamorro.
Para el economista y analista político, Enrique Sáenz, “es lógico que un régimen mafioso sea refugio de cúpulas corruptas: Mauricio Funes y Sánchez Cerén, de El Salvador, altos exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, de Honduras, quien no tuvo tiempo de llegar al santuario”.
“Ahora le toca a Martinelli, de Panamá”, subrayó Sáenz.
El exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields sostuvo que “Nicaragua a los criminales les dan asilo y a los obispos y sacerdotes cárcel o destierro”.
McFields catalogó la decisión como “paradojas dictatoriales, crimen sin castigo”.
La dictadura de Ortega también ha otorgado asilo a dos expresidentes salvadoreños condenados por corrupción, los miembros del FMLN, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y Mauricio Funes (2009-2014), ambos además recibieron la nacionalidad nicaragüense de manera expresa para impedir su extradición a El Salvador y enfrentar la justicia.
Además, la dictadura nicaragüense ha otorgado asilo a varios exfuncionarios corruptos de Honduras, Guatemala y países sudamericanos.
Dos de los hijos de Martinelli también son procesados en casos de corrupción y ya cumplieron sentencias en Estados Unidos por lavado de dinero. Estados Unidos ha vetado el ingreso de Martinelli y su familia a su territorio por considerarlo un personaje corrupto.
