El partido de oposición Frente Amplio en Costa Rica presentó un proyecto de ley para definir “de manera estricta” en qué casos se podrá aplicar el secreto de Estado y así restringir su uso para evitar reservas de información pública.
El proyecto fue ingresado a la Asamblea Legislativa costarricense bajo el expediente 25,752 con el que se establecen controles a la declaratorias de secreto de Estado, se definen plazos máximos para la vigencia del secreto, estableciendo un máximo de cinco año y con derecho a una sola prórroga, por lo que, una información podría estar máximo 10 años bajo secreto de Estado.
La iniciativa del Frente Amplio contempla que solo puedan declararse secreto de Estado información sobre agresiones que atenten contra la soberanía nacional, planes de operativos para proteger el orden constitucional o de las fronteras, cuando se ponga en riesgo la integridad de personas por sus funciones de seguridad y en temas de relaciones exteriores.
“Las compras públicas no deberían ser secreto de Estado. La plata de las y los costarricenses debe ser de escrutinio público y de acceso público porque es plata de todos los costarricenses. En ese sentido, esperamos contar con el apoyo de la bancada de Pueblo Soberano”, dijo la diputada Sigrid Segura del Frente Amplio.
En ese sentido, Segura detalló que el proyecto contempla que información sobre derechos humanos, compras públicas y de protección de la imagen no podrán ser resguardadas bajo secreto de Estado.
Algunos datos que no podrían dejar de divulgarse:
- Actos de genocidio.
- Crímenes de lesa humanidad.
- Crímenes de guerra.
- Torturas.
- Desaparición forzada.
- Ejecuciones extrajudiciales.
- Cualquier violación a los derechos humanos.
Este proyecto surge luego que el gobierno de Laura Fernández declarara como secreto de Estado toda la información sobre seguridad, incluyendo compras públicas. La mandataria aseguró que esta medida les permite resguardar el gobierno para que las bandas criminales no identifiquen puntos débiles de las autoridades de seguridad.
Sin embargo, la medida ha sido ampliamente criticada porque aplica a múltiples datos y porque el gobierno ha argumentado que desconfía de periodistas y abogados que piden “mucha información” porque creen que es para entregarla al crimen organizado.
