Opiniones divididas en Honduras por el fallo de la Corte Suprema sobre el pacto de impunidad

La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar constitucional la amnistía política ha generado un intenso debate entre diferentes sectores políticos del país. La presidenta Xiomara Castro, durante un discurso en la inauguración de ampliación de la Subestación San Buenaventura, en San Francisco de Yojoa, Cortés, reafirmó su postura: “No somos iguales a los que gobernaron por 12 años, ni a los narcotraficantes en Nueva York. La refundación avanza; estamos demostrando cómo se reconstruye el Estado de Derecho en nuestro país”.

Desde el Partido Libre, el jefe de la bancada, Rafael Sarmiento, defendió la resolución de la CSJ, argumentando que los hondureños deben respetar los fallos, independientemente de su opinión. 

“Esto ratifica que lo que se hizo en el Congreso Nacional está apegado a la constitución y reafirma la justicia para los perseguidos del Golpe de Estado de 2009”, afirmó Sarmiento.

Otros miembros de su partido, como el diputado Jari Dixon, criticaron lo que consideran una “satanización” del decreto, al que algunos han llamado pacto de impunidad. 

Dixon destacó que el decreto busca favorecer a quienes protestaron contra el golpe de Estado y que no es un “cheque en blanco” para los jueces.

En contraste, el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera, descalificó la decisión de la CSJ, describiéndola como “la crónica de una muerte anunciada” y una muestra de impunidad en el sistema jurídico hondureño. “Delitos de corrupción están siendo amnistiados bajo este decreto”, expresó Rivera, cuestionando la votación de algunos magistrados.

Por su parte, el precandidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, se mostró escéptico sobre la postura de su propio partido. Criticó a algunos miembros por negociar “al bajo” y advirtió que esto diluye la beligerancia del partido, dejándolo como un actor débil en la política hondureña.