El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este jueves la renovación por dos años más del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), organismo que ha documentado crímenes de lesa humanidad cometidos en el país centroamericano por órdenes del dictador Daniel Ortega y su esposa y cómplice, co dictadora Rosario Murillo.
La resolución fue adoptada con 29 votos a favor, 4 en contra y 14 abstenciones, en una sesión en la que también se presentó una actualización del informe emitido el pasado 26 de febrero.
Dicho documento identificó a 54 funcionarios del régimen como responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo altos mandos del Ejército, la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Asamblea Nacional y miembros de la familia Ortega Murillo.
Costa Rica encabezó la iniciativa diplomática que dio lugar a la votación, con el respaldo activo de Colombia, Chile y España. Ecuador, Paraguay y Perú impulsaron el consenso regional que permitió consolidar la renovación del mandato.
El Grupo de Expertos fue creado por la ONU el 31 de marzo de 2022 para investigar las violaciones cometidas en Nicaragua desde el inicio de las protestas antigubernamentales en abril de 2018. En aquella fecha, manifestaciones ciudadanas contra una reforma al sistema de pensiones fueron violentamente reprimidas, dejando un saldo de más de 350 muertos, miles de heridos y cientos de presos políticos.
Desde entonces, el régimen ha sido acusado de consolidar un sistema represivo basado en el uso sistemático del aparato estatal para eliminar la disidencia política y social.
El mandato del GHREN fue renovado por primera vez en abril de 2023 y ahora se extiende hasta el 31 de marzo de 2026. Desde su creación, el grupo ha elaborado al menos ocho informes, respaldados por centenares de entrevistas, documentos oficiales, registros judiciales, imágenes satelitales y testimonios de víctimas dentro y fuera del país.
Identificación de responsables y modus operandi
La última actualización del informe del GHREN documenta un patrón sostenido de crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, persecución política y despojo de nacionalidad.
El informe detalla una cadena de mando encabezada por Ortega y Murillo, con participación activa del Ejército, la Policía, el Ministerio del Interior y operadores del sistema judicial.
Entre los 54 funcionarios señalados figuran seis generales del Ejército y cinco altos mandos policiales, incluidos el jefe del Ejército, general Julio César Avilés, y el director de la Policía Nacional, Francisco Díaz y el viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa. También se identifican siete coroneles responsables de operaciones en distintos comandos militares del país.
El documento vincula además a magistrados de la Corte Suprema, fiscales del Ministerio Público, diputados oficialistas y operadores políticos del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), incluyendo a Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente.
La dictadura Ortega Murillo ha rechazado en reiteradas ocasiones los informes del GHREN. Durante el 57º período de sesiones del Consejo, la procuradora general, Wendy Morales, acusó al organismo de ser una herramienta de los “imperialistas de la Tierra” y descalificó las conclusiones del grupo de expertos como “parcializadas y distorsionadas”.
El 27 de febrero pasado, la vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció que Nicaragua se retiraba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tras la publicación del informe que vincula directamente a Ortega, Murillo, la Policía y el Ejército en crímenes de lesa humanidad.
“Por tal razón, Nicaragua transmite su decisión de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites”, declaró Murillo a través de medios oficialistas.
Organismos de derechos humanos han saludado la renovación del mandato como un avance clave en la lucha contra la impunidad en Nicaragua.
El colectivo Nicaragua Nunca Más señaló que “este es un paso clave para seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos y garantizar el monitoreo internacional”.
El GHREN recomienda la aplicación de sanciones individuales y económicas contra los responsables, la promoción de investigaciones judiciales en el extranjero bajo el principio de justicia universal, y el respaldo a mecanismos de reparación para las víctimas y protección para las más de 600.000 personas exiliadas desde 2018.
“El aparato estatal ha sido instrumentalizado para reprimir a la población. Lo que ocurre en Nicaragua no son abusos aislados, sino una política de Estado que debe ser juzgada como tal”, concluye el informe.
