El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo diseñó y ejecutó un aparato represivo de Estado que incluye vigilancia masiva, detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desnacionalizaciones y deportaciones, con el objetivo de eliminar toda forma de disidencia desde 2018.
Así lo concluye un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El documento, respaldado por 1,631 entrevistas con testigos, víctimas y perpetradores, y más de 8,400 documentos, muchos de ellos confidenciales, identifica a 56 altos responsables, entre ellos el propio dictador Ortega, su esposa y co dictadora Rosario Murillo, altos mandos del Ejército, la Policía, operadores judiciales y dirigentes del Frente Sandinista.
El GHREN afirma que existen “motivos razonables para creer” que estos funcionarios cometieron o facilitaron crímenes de lesa humanidad, como asesinato, encarcelación, tortura, persecución política, deportación forzada y ejecución extrajudicial.
Una maquinaria represiva desde el poder
“Lo que muestra el informe es la existencia de una estructura organizada de poder, desde la cúpula del Estado, con cadenas de mando claras que ejecutaron de manera sistemática la represión contra la población civil”, explicó el jurista estadounidense Reed Brody, miembro del GHREN y reconocido por su trabajo en procesos internacionales contra dictadores.
Según Brody, “la represión no fue una serie de hechos aislados, sino un plan deliberado para silenciar voces críticas y mantenerse en el poder”.
El informe detalla cómo la represión de abril de 2018 fue coordinada por las fuerzas armadas, la Policía y grupos paramilitares afines al régimen, en una operación conjunta con mandos del Frente Sandinista.
Las órdenes, en muchos casos, dejaron de emitirse por escrito tras el inicio de la violencia, para evitar evidencias, pero el GHREN señala que posee testimonios directos y pruebas documentales que confirman la cadena de mando.
Evidencia contra los altos mandos del régimen
Entre los 54 funcionarios señalados se encuentran el jefe del ejército Julio César Avilés y seis generales más; el jefe de la policía, Francisco Díaz y la plana mayor de la institución; el asesor presidencial Néstor Moncada Lau, operador de inteligencia paralelo y Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, como articulador político de las estructuras de represión.
Se menciona también al esbirro Luis Cañas, viceministro del Interior y funcionarios del Poder Judicial como Alba Luz Ramos, Marvin Aguilar y Octavio Rothschuh, por validar procesos ilegales y emitir condenas sin garantías, así como fiscales, diputados, alcaldes y toda suerte de trabajadores estatales.
Violencia institucionalizada
El GHREN documenta cómo el régimen utilizó todas las instituciones del Estado —Ejército, Policía, Poder Judicial, Asamblea Nacional, Ministerio del Interior y el Frente Sandinista— para ejecutar una estrategia de control total basada en el terrorismo de Estado.
Esta incluyó desde la vigilancia digital y el uso de drones, hasta la criminalización judicial y la expulsión forzada de ciudadanos, con el despojo de su nacionalidad y la confiscación de sus bienes.
“Cada institución cumplía una función específica dentro de un engranaje represivo”, dijo Brody. “Desde el funcionario que elaboraba una lista de personas a perseguir, hasta el juez que firmaba una sentencia sin debido proceso, todos participaron conscientemente del ataque sistemático contra la población civil”.
Renovación del mandato y condena internacional
Con 29 votos a favor, 14 abstenciones y 4 en contra (China, Cuba, Bolivia y Vietnam), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por dos años más el mandato del GHREN, que ahora presentará su informe ante la Asamblea General en septiembre de 2025.
“El aislamiento del régimen es cada vez mayor”, advirtió Brody. “Aunque Nicaragua se retiró del Consejo de Derechos Humanos, no puede evitar la rendición de cuentas en la Asamblea General ni en los tribunales internacionales”.
Brody recordó que un juez en Argentina ya emitió un mandato penal contra Ortega, Murillo y otros 30 funcionarios. “Esto es solo el comienzo de un proceso largo, pero ya hay una ruta para la justicia”, aseguró el investigador, quien reveló además que cuenta con más información que involucra a más personas.
El GHREN seguirá recabando información y ampliando sus investigaciones, incluyendo el impacto de recientes reformas legales y el posible uso del poder económico como mecanismo de control político.
“Desgraciadamente, hay mucho por hacer”, concluyó Brody. “Pero con este informe, la comunidad internacional ya no puede decir que no sabía lo que estaba ocurriendo en Nicaragua”.
