En una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU este 18 de diciembre, en Ginebra, Suiza, se presentó una denuncia contundente contra la dictadura de Nicaragua, encabezada por la familia Ortega-Murillo, por el aumento de arbitrarias medidas violadoras de derechos humanos contra la población.
La Alta Comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó su preocupación por el continuo alejamiento del gobierno nicaragüense de los principios democráticos fundamentales y el Estado de derecho.
“Cada día el país se desvía más de los derechos humanos, profundizando el sufrimiento de la gente”, señaló Al-Nashif, subrayando el creciente éxodo de la población y el deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua.
La sesión, que se centró en el deterioro de las libertades fundamentales en Nicaragua, contó con la participación de delegaciones de diferentes países y disidentes nicaragüenses, quienes denunciaron las sistemáticas violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Ortega y Murillo, tipificadas muchas de ellas como crímenes de lesa humanidad.
Cada día #Nicaragua se desvía aún más de los derechos humanos, dijo @NadaNashif ante el Consejo de Derechos Humanos de la @ONU_es.@OACNUDH pide al Gobierno que acepte sur oferta de diálogo genuino y asistencia técnica para superar la crisis de DD.HH. que afecta a 🇳🇮 desde 2018. pic.twitter.com/wjjLeB6BAH
— United Nations Human Rights Council (@UN_HRC) December 18, 2023
Entre los exiliados presentes estaba Medardo Mairena, un destacado activista y líder del Movimiento Campesino, quien expresó en el foro su esperanza en que la comunidad internacional apoye a Nicaragua para salir de una dictadura que no respeta los derechos humanos.
Al-Nashif denunció que líderes políticos e indígenas, miembros de la Iglesia Católica, defensores de derechos humanos, periodistas y otros han sido sistemáticamente atacados por el Gobierno.
Muchos de ellos se encuentran en el exilio, sin posibilidad de regresar a su país por las amenazas de cárcel, muerte y violencia de las fuerzas de seguridad bajo servidumbre de la familia Ortega-Murillo.
La funcionaria de la ONU mencionó específicamente la cancelación arbitraria del estatus legal del partido político indígena y afrodescendiente YATAMA, así como la preocupación por la salud e integridad física de Brooklyn Rivera, representante de YATAMA cuyo paradero se desconoce desde su detención hace meses después de haber ingresado a Nicaragua tras haber sido desterrado por el régimen.
Casos alarmantes
Al-Nashif también hizo referencia a casos alarmantes como el de una mujer detenida y condenada por llevar una camiseta con el eslogan “viva Nicaragua libre”, y la situación del obispo Rolando Álvarez, quien sigue en prisión y sometido a confinamiento en solitario por condena de 26 años de prisión por abogar por el fin de la represión sandinista.
“Cada día que pasa el país se desvía más de las libertades fundamentales, profundizando el sufrimiento del pueblo, alimentando el éxodo de los más jóvenes, y minando el futuro de las instituciones democráticas”, destacó Nada Al-Nashif.
“Líderes políticos e indígenas, miembros de la Iglesia Católica, defensores de derechos humanos, periodistas y otras personas han sido atacadas sistemáticamente por el Gobierno tras expresar ideas críticas, y muchos de ellos están en el exilio, sin posibilidades de regresar”, agregó Al-Nashif.
Según indicó, la “número dos” de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, 17 mujeres y 54 hombres en Nicaragua, incluidos opositores políticos y defensores de derechos humanos, siguen sufriendo detención arbitraria, con denuncias de torturas y amenazas a los presos y sus familiares.
Piden mayor presión
Por su parte, la abogada y activista Alexandra Salazar, de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), hizo hincapié en la necesidad de continuar la presión sobre Nicaragua para que se restablezca la democracia, se celebren elecciones libres y se liberen a los presos políticos.
En representación del Gobierno nicaragüense, la procuradora general Wendy Morales rechazó las críticas, calificándolas de “agresión e injerencismo” contra la soberanía de Nicaragua. Siguiendo un discurso oficial que tilda de “agresión” toda crítica al sistema represivo de los sandinistas, Morales expresó que el foro y las críticas “son una atrevida forma de agresión e injerencismo en contra de la dignidad de las personas nicaragüenses y nuestra soberanía”.
Despojo de nacionalidad
Sin embargo, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) publicó una nota denunciando el despojo arbitrario de la nacionalidad nicaragüense a 317 personas por parte del régimen Ortega-Murillo, describiendo estas acciones como una estrategia de persecución y expulsión de opositores políticos, defensores de derechos humanos y voces disidentes.
La FIDH criticó la apatridia impuesta como una violación de los derechos humanos y llamó a la comunidad internacional a atender esta situación sin precedentes en la región.
La organización instó a rechazar las privaciones arbitrarias de la nacionalidad impuestas por el régimen y a garantizar la seguridad de las personas afectadas, incluidos Monseñor Rolando Álvarez y Vilma Núñez de Escorcia.
Este encuentro en el Consejo de Derechos Humanos resaltó la grave crisis que vive Nicaragua bajo la dictadura de Ortega-Murillo, con un gobierno que se aleja cada vez más de los principios de democracia y derechos humanos, causando sufrimiento a su población y provocando un éxodo masivo.
La comunidad internacional, a través de estos foros, busca ejercer presión para restaurar los derechos y libertades en Nicaragua, en un contexto de represión gubernamental y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
