La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advirtió que la reforma constitucional aprobada este jueves en Nicaragua consolida el control absoluto del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, eliminando las últimas garantías democráticas y profundizando la represión contra la sociedad civil.
La reforma, presentada en noviembre de 2024 y aprobada sin oposición en la Asamblea Nacional, otorga al Ejecutivo control total sobre los poderes Legislativo, Judicial y Electoral. Con la eliminación del artículo que garantizaba la separación de poderes y la referencia al pluralismo político, el régimen de Ortega avanza hacia un modelo de partido único sin contrapesos institucionales.
📢 La reforma constitucional en #Nicaragua profundiza los retrocesos en libertades civiles y políticas.
⚠️ Concentración de poder
⚠️ Restricción de libertades
⚠️ Eliminación de garantías fundamentales📄 Lea la nota completa➡️ https://t.co/Uv9XPEZ5nf pic.twitter.com/OBRORlzEkt
— OACNUDH (@OACNUDH) January 30, 2025
Además, la nueva Constitución restringe la libertad de expresión y de prensa con términos ambiguos que justifican la censura, prohíbe el derecho a la huelga y suprime garantías procesales fundamentales, como el derecho a una defensa adecuada y a ser informado de los cargos. También elimina la prohibición explícita de la tortura, lo que ha generado alarma entre organismos internacionales.
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresó su preocupación y calificó la reforma como “la sentencia de muerte del Estado de derecho en Nicaragua”, advirtiendo que el país se encamina a una dictadura totalitaria sin espacio para la disidencia.
Criminalización de la oposición y exilio forzado
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la institucionalización del despojo de la nacionalidad como castigo por “traición a la patria”, una acusación utilizada sistemáticamente por el régimen para perseguir a opositores. Desde 2021, más de 300 nicaragüenses, entre ellos periodistas, sacerdotes y activistas de derechos humanos, han sido desterrados y despojados de su nacionalidad.
Andrés Sánchez Thorin, representante de OACNUDH para la región, alertó sobre el riesgo de un aumento en la apatridia: “Esta reforma no solo consolida la persecución política, sino que también legitima la práctica de dejar sin patria a quienes critican al régimen. Es una medida inhumana y contraria al derecho internacional”.
El Alto Comisionado también denunció que la dictadura ha intensificado la persecución contra las organizaciones de la sociedad civil y la iglesia católica, con el cierre forzado de más de 3.500 ONG desde 2018 y la detención arbitraria de sacerdotes y monjas.
Militarización y represión sin control
La reforma otorga a la Presidencia la facultad de ordenar intervenciones militares sin supervisión alguna y eleva a rango constitucional la Policía Voluntaria, una fuerza parapolicial vinculada a graves violaciones de derechos humanos. Además, formaliza la creación de las “fuerzas de reserva patriótica”, grupos armados de civiles leales al régimen, utilizados para hostigar y reprimir a la población.
Según informes de la ONU, estos grupos participaron activamente en la represión de las protestas de 2018, que dejaron al menos 355 muertos y más de 2.000 heridos, según cifras verificadas por organismos internacionales. “La institucionalización de estas fuerzas es un peligro inminente para la población. Son grupos que han operado en la impunidad y que ahora reciben respaldo constitucional”, advirtió OACNUDH.
Éxodo masivo y crisis humanitaria
El deterioro de las condiciones políticas y económicas ha provocado un nuevo aumento en la migración forzada. Desde 2018, más de 800.000 nicaragüenses han abandonado el país, con Costa Rica, Estados Unidos y España como principales destinos.
En Costa Rica, el sistema de refugio está colapsado con más de 250.000 solicitudes en espera. Mientras tanto, en Estados Unidos, el endurecimiento de las políticas migratorias ha complicado la situación de los exiliados nicaragüenses, muchos de los cuales han quedado atrapados en México sin posibilidad de regularizar su estatus.
Llamado a la comunidad internacional
OACNUDH instó a la comunidad internacional a rechazar la reforma constitucional y aumentar la presión diplomática sobre el régimen de Ortega. También reiteró su disposición a brindar asistencia técnica para restablecer el Estado de derecho y garantizar los derechos fundamentales de la población nicaragüense.
“El pueblo de Nicaragua no puede quedar abandonado. La comunidad internacional debe tomar acciones concretas para frenar la represión y apoyar a quienes han sido forzados al exilio”, concluyó Sánchez Thorin.
