El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh) denunció este martes la práctica sistemática de destierro y exilio forzado aplicada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra cientos de nicaragüenses considerados opositores.
El informe, presentado en el marco del 60 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, documenta 52 casos de nicaragüenses a quienes se les negó el retorno entre el 15 de junio de 2024 y el 15 de junio de 2025.
La ONU advirtió que la cifra real podría ser mucho mayor, pues la mayoría de las víctimas se abstuvo de denunciar por temor a represalias.
Según Acnudh, la negativa de ingreso y las expulsiones arbitrarias generaron graves consecuencias familiares: al menos diez niños quedaron separados de sus padres o abuelos, y en tres casos los menores resultaron desamparados tras el veto de entrada a sus familiares.
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Reformas legales y ampliación del control migratorio
El documento de Acnudh subraya que estas medidas tienen como sustento jurídico disposiciones introducidas en la nueva Constitución sandinista, que amplió de forma vaga la definición de “traición a la patria”.
Con base en esas cláusulas, el régimen puede despojar de nacionalidad a opositores y restringir su derecho a entrar o salir del país.
A ello se sumó la aprobación, en 2024, de una nueva Ley General de Migración que amplió las causales de pérdida de ciudadanía y fortaleció el control estatal sobre pasaportes y permisos de viaje.
El informe resalta que, en muchos casos, las empresas de transporte privado notificaron a los afectados la prohibición de ingreso, a menudo por correo electrónico, impidiéndoles abordar vuelos.
“No recibieron decisión oficial ni acceso a mecanismos de apelación”, indicó el reporte.
En paralelo, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó un segundo documento en el que registró 318 casos de negativas de ingreso entre junio de 2018 y agosto de 2025, confirmando que la política de destierro se consolidó en los últimos siete años como una práctica deliberada.
Apatridia y denegación de documentos consulares
El informe también registró casos en que se negó servicios consulares a nicaragüenses percibidos como opositores. Las restricciones incluyeron la negativa a emitir certificados de nacimiento, constancias académicas y renovaciones de pasaportes.
Acnudh documentó 29 episodios desde 2021 en los que se anuló, de facto, la identidad legal de ciudadanos. En uno de ellos, un solicitante pidió certificado universitario, cédula y acta de nacimiento; la respuesta oficial fue que “no figuraba en ningún registro”, borrándolo administrativamente de todo vínculo con Nicaragua.
La práctica, advierte la ONU, coloca a las víctimas en situación de apatridia y afecta su vida personal, académica y laboral.
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Expulsiones masivas y casos emblemáticos
El informe también reporta 156 expulsiones de Nicaragua en el último año, entre ellas 135 opositores excarcelados y desterrados a Guatemala el 5 de septiembre de 2024. A todos se les revocó la nacionalidad.
Las otras 21 expulsiones corresponden a ciudadanos que fueron trasladados por la fuerza a fronteras terrestres y obligados a ingresar a Costa Rica por pasos irregulares.
Entre ellos, el periodista Henry Briceño, de 75 años, fue despojado de sus pertenencias y conducido de noche por policías y militares hasta la frontera sur, sin documento alguno y sin posibilidad de regresar a su hogar.
“Ninguna de las personas expulsadas recibió una notificación por escrito ni tuvo acceso a mecanismos de apelación. Muchas fueron señaladas como opositores políticos, entre ellos periodistas, artistas, líderes religiosos y exfuncionarios”, detalla la ONU.
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Una política de Estado
Los hallazgos de ambos informes revelan un patrón sostenido que va más allá de casos aislados. La ONU advierte que se trata de una política de Estado que busca silenciar a voces críticas y desarticular a la sociedad civil mediante el destierro.
Organismos internacionales y defensores de derechos humanos reiteraron en Ginebra que la prohibición arbitraria de ingreso a nacionales, la denegación de documentos y las expulsiones constituyen crímenes de lesa humanidad.
Además, violan el derecho internacional, pues privan a las personas de su patria y de la protección de su nacionalidad.
La comunidad internacional mantiene bajo observación la situación. Sin embargo, hasta ahora, el régimen de Ortega y Murillo ha ignorado los llamados a cesar estas prácticas y continúa ampliando sus mecanismos de control y represión migratoria.
