El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró este jueves que Guatemala es “internacionalmente responsable” por no haber cumplido los compromisos de reparación acordados con comunidades mayas desplazadas durante el conflicto armado interno de los años 80.
La resolución, calificada por el organismo como una “decisión histórica”, señala que el Estado guatemalteco nunca puso en práctica las medidas pactadas hace 14 años, entre ellas la construcción de viviendas alternativas, el pago de indemnizaciones y el acceso a servicios básicos para las comunidades K’iche’, Ixil y Kaqchikel, afectadas por la violencia y las campañas militares de “tierra arrasada”.
La denuncia fue presentada en 2021 por 269 miembros de esas comunidades ante el comité, compuesto por 18 juristas y expertos en derechos humanos, presidido actualmente por la paraguaya Tania María Abdo.
Aunque la decisión no es legalmente vinculante, representa un fuerte llamado internacional al Estado guatemalteco para cumplir con sus obligaciones.
En su pronunciamiento, el comité exigió a Guatemala que construya las viviendas prometidas y proporcione atención médica y psicológica tanto a las víctimas directas como a sus descendientes.
También solicitó que se otorguen becas educativas y que se realice un acto público de reconocimiento y disculpa oficial por las violaciones cometidas.
El organismo también llamó al Estado a buscar y entregar los restos de familiares desaparecidos durante las masacres, quienes, según el comité, no pudieron recibir un entierro digno ni los rituales funerarios tradicionales por parte de sus comunidades.
“El desarraigo de las víctimas de sus territorios tradicionales tuvo un impacto profundamente devastador y duradero, ya que fueron despojadas irremediablemente de su identidad cultural”, expresó Hélène Tigroudja, miembro del comité, y agregó que el abandono de sus lenguas, trajes y costumbres también ha significado una pérdida irreparable para las nuevas generaciones.
El fallo se sustenta en el incumplimiento por parte del Estado guatemalteco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Guatemala es firmante y cuyo cumplimiento es supervisado por este comité.
La resolución contó con el respaldo de la ONG Indigenous Peoples Rights International y de un juez de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, quienes acompañaron el proceso.
