Un panel internacional reunió este jueves a representantes de organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, incluidos antiguos presos políticos y defensores ambientales, para exponer ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) las violaciones de derechos humanos y laborales en Nicaragua y su impacto en el comercio internacional.
La audiencia, parte de una investigación abierta por la USTR en diciembre de 2024, podría derivar en sanciones comerciales contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El panel contó con la participación del líder campesino Medardo Mairena, la defensora de derechos indígenas Anexa Alfred, el periodista Aníbal Toruño, los expresos políticos Lesther Alemán y Yubrank Suazo y del investigador Julio Martínez, de la organización Expediente Abierto.
Además, participaron el especialista de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, el exprecandidato presidencial, Juan Sebastián Chamorro, el ambientalista Amaru Ruiz, de Fundación del Río, y el cineasta y periodista Camilo de Castro, de Patrol Campaign.
Régimen depredador
En su intervención los panelistas detallaron cómo las políticas del régimen afectan los derechos fundamentales y plantearon su conexión con prácticas de comercio internacional injusto, particularmente en las industrias minera y cárnica, cuyos principales mercados incluyen a Estados Unidos.
“El régimen utiliza prácticas depredadoras, como la extracción minera en territorios indígenas sin consulta previa y el pastoreo ilegal en áreas protegidas, para sostener un modelo económico que destruye comunidades y el medio ambiente”, denunció Martínez.
El informe presentado por las organizaciones documenta que Nicaragua exporta oro y carne producidos bajo condiciones que violan normas ambientales y laborales internacionales, mientras su gobierno aplasta los derechos de sindicatos y trabajadores.
Un proceso inédito
La investigación iniciada por la USTR, la primera de su tipo contra Nicaragua bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, busca determinar si las políticas del régimen nicaragüense constituyen una violación de las normas del comercio de Estados Unidos.
Según el representante de Fundación del Río, Amaru Ruiz, este mecanismo va más allá del tratado de libre comercio DR-CAFTA, permitiendo medidas unilaterales que podrían incluir sanciones comerciales.
“El enfoque no es suspender inmediatamente a Nicaragua del DR-CAFTA, sino evaluar cómo las violaciones sistemáticas del régimen afectan la seguridad del comercio estadounidense, desde los derechos laborales hasta la sostenibilidad ambiental”, explicó Ruiz.
La USTR, dirigida por Katherine Tai, ha subrayado la importancia de proteger los intereses comerciales de Estados Unidos mediante la promoción del respeto a los derechos humanos y laborales en sus socios comerciales.
Las próximas etapas del proceso podrían incluir aranceles específicos o restricciones a productos nicaragüenses si se confirman las acusaciones.
A la investigación han sumado sus denuncias empresarios estadounidenses afectados por las confiscaciones de la dictadura sandinista, así como líderes religiosos, académicos, autoridades universitarias afectadas por las expropiaciones y decenas de personas e instituciones afectadas por la deriva autoritaria y corrupta de la familia Ortega Murillo.
Un historial de represión y devastación
Desde que Daniel Ortega regresó al poder en 2007, su régimen ha sido acusado de reprimir a la oposición, encarcelar a líderes sociales y perseguir a las comunidades indígenas y afrodescendientes.
En 2018, la brutal respuesta a las protestas contra una reforma de la seguridad social dejó más de 350 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el ámbito económico, el régimen ha utilizado la minería y la ganadería como motores de exportación, a menudo vinculados con prácticas ilegales.
En 2023, más de 60,000 hectáreas de bosque primario fueron destruidas, gran parte de ellas destinadas a la ganadería en áreas protegidas.
Mientras tanto, se estima que el 30% del oro exportado por Nicaragua no tiene un origen claro, según el informe presentado a la USTR.
“El uso de reservas naturales para producir carne y minerales a bajo costo no solo viola derechos humanos, sino que distorsiona el comercio internacional al ofrecer precios artificialmente bajos”, denunció Martínez.
Un posible punto de inflexión
Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Nicaragua, representando el 38.4% de sus exportaciones en 2024, según datos oficiales. Sin embargo, las acciones de la USTR podrían impactar significativamente este vínculo económico.
“La sostenibilidad del régimen depende en gran medida de sus exportaciones a Estados Unidos. Una respuesta firme podría reducir la capacidad del régimen para financiar su maquinaria represiva”, concluyó Ruiz.
Los panelistas instaron a la comunidad internacional a tomar medidas concretas que alineen el comercio con el respeto a los derechos humanos, incluyendo restricciones a productos vinculados a prácticas ilegales y mecanismos para garantizar la transparencia en las cadenas de suministro.
La investigación de la USTR marca un hito en la respuesta internacional a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y podría sentar un precedente para abordar los nexos entre la represión autoritaria y el comercio global.
