Estados Unidos insiste en la Organización de Estados Americanos (OEA) para intentar llevar la crisis política de Nicaragua a una reunión extraordinaria de cancilleres, después de que Colombia y Canadá se sumaran a la iniciativa y elevaran a 14 el número de países que respaldan el proyecto de resolución.
El Consejo Permanente de la OEA decidirá este miércoles 19 de agosto si convoca una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para analizar la situación nicaragüense y determinar “las acciones apropiadas”.
Ello, en respuesta a la decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de suprimir las elecciones y avanzar hacia una reforma constitucional que les permitiría prolongar su permanencia en el poder.
La iniciativa estadounidense necesita 18 votos para ser aprobada.
Con 14 respaldos confirmados, la diplomacia de Washington necesita sumar al menos cuatro votos adicionales entre los países que aún no se han pronunciado a favor.
El nuevo intento representa un avance respecto de la sesión del 5 de agosto, cuando Estados Unidos no logró reunir la mayoría requerida.
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Washington cambia el argumento
El principal cambio entre ambas propuestas está en el lenguaje diplomático.
En el primer proyecto, Estados Unidos presentó la situación nicaragüense como una amenaza para la seguridad regional, argumento que encontró resistencia particularmente en Brasil.
En la nueva versión, Washington reformuló el planteamiento y centra la preocupación en la ruptura democrática.
El proyecto considera que los acontecimientos recientes en Nicaragua constituyen un asunto urgente y de interés común para los Estados americanos.
Además sostiene que la democracia representativa, considerada indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo regional, “ya no existe en Nicaragua”.
El ajuste busca reducir las objeciones de países que consideran que la crisis nicaragüense debe abordarse desde la perspectiva de los derechos humanos y la democracia, y no como un problema de seguridad hemisférica.
La OEA confirmó previamente que su Consejo Permanente analizaría la convocatoria de una reunión de cancilleres para abordar Nicaragua.
Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago habían respaldado inicialmente la propuesta.
Colombia formalizó su adhesión el 14 de agosto y Canadá hizo posteriormente lo mismo.
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Brasil y México mantienen resistencia
La principal dificultad para Estados Unidos continúa siendo conseguir que Brasil y México acompañen la convocatoria o, al menos, permitan que la propuesta avance.
Brasil cuestionó desde la sesión del 5 de agosto que Nicaragua fuera presentada como un asunto de seguridad regional.
Su representante sostuvo entonces que se trata de una crisis política con graves repercusiones en derechos humanos, pero consideró prematura la convocatoria de cancilleres y advirtió que el enfoque de seguridad podía aumentar las tensiones y dificultar el diálogo.
México también ha mantenido una posición basada en el principio de no injerencia y ha defendido el diálogo con Managua.
La estrategia estadounidense consiste ahora en evitar el enfrentamiento directo sobre la naturaleza del conflicto y concentrar la resolución en la pérdida de las condiciones democráticas.
El cambio puede resultar decisivo para atraer a gobiernos que, aunque críticos de Ortega, no quieren respaldar una resolución presentada como una cuestión de seguridad regional.
El precedente de 1979
La eventual reunión de cancilleres tiene además un peso simbólico para Nicaragua.
En 1979, una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA aprobó una resolución que demandó el reemplazo inmediato del régimen de Anastasio Somoza Debayle, apenas un mes antes de su caída.
El escenario actual es radicalmente distinto, pero el antecedente explica parte de la expectativa que genera una reunión de ese nivel.
Desde 2018, la OEA ha celebrado decenas de sesiones sobre Nicaragua, mientras el régimen de Ortega y Murillo ha ignorado las resoluciones y llamados internacionales.
La propia organización ha mantenido el seguimiento de la crisis pese a que Nicaragua abandonó formalmente la OEA en 2023. La salida no eliminó las obligaciones internacionales asumidas previamente por el Estado nicaragüense.
La Carta Democrática Interamericana establece entre los elementos esenciales de la democracia representativa la celebración de elecciones periódicas, libres y justas, además del pluralismo político y la separación de poderes.
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Ortega acelera su reforma
Mientras Estados Unidos busca los cuatro votos que le faltan, el régimen Ortega-Murillo continúa con las consultas de la reforma constitucional que pretende convertir en norma su nuevo modelo político.
La reforma contempla períodos de siete años y amplía las facultades de la Presidencia y de otros órganos estatales, en un diseño que permitiría a Ortega y Murillo prolongar su control político sin someterse a elecciones competitivas y libres.
La decisión de eliminar los comicios ha reactivado la presión internacional sobre Managua.
Canadá, por ejemplo, mantiene desde hace años una política de sanciones contra funcionarios vinculados al régimen, mientras Estados Unidos prepara nuevas medidas económicas y financieras contra sectores considerados estratégicos para el poder Ortega-Murillo.
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La votación de este miércoles será, por tanto, algo más que un nuevo pronunciamiento sobre Nicaragua.
Para Washington representa una prueba de capacidad diplomática después del fracaso del 5 de agosto; para la OEA, una oportunidad para demostrar si puede pasar de las declaraciones a una respuesta colectiva.
Y para Brasil y México, un nuevo dilema entre la defensa del principio de no intervención y la presión para responder ante la eliminación de las elecciones en un Estado miembro.
Si Estados Unidos consigue los cuatro votos adicionales, los cancilleres quedarían convocados el 26 de agosto para analizar la crisis y las posibles medidas dentro del marco de la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.
La reunión prevista podría celebrarse antes del 1 de septiembre, fecha que el régimen ha planteado para culminar el proceso de reforma electoral.