Desde enero de 2023 hasta marzo de 2024, Nicaragua ha sido testigo de un incremento alarmante en la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense y el destierro de facto de líderes religiosos, lo que ha profundizado aún más la anulación del espacio cívico y democrático en el país centroamericano.
Más de 300 organizaciones católicas y protestantes han sido ilegalizadas y, en algunos casos, sus activos han sido confiscados.
Lo anterior es parte del tercer boletín sobre violaciones a la libertad religiosa de Nicaragua, difundido por el Colectivo Nicaragua Nunca Más que también dio a conocer el micrositio virtual sobre violaciones a la libertad religiosa.
“Para el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, realizar y presentar este tercer boletín sobre libertad religiosa y el micrositio virtual que denuncia las distintas etapas de persecución a la iglesia, es un compromiso con la búsqueda de la justicia por que es fundamental demostrar que en Nicaragua se siguen violentando los derechos humanos, que el régimen continúa perpetrando crímenes de lesa humanidad, y se aumenta la persecución con mayor crueldad hacia la iglesia”, indica un comunicado.
Presentación micrositio y 3er boletín libertad de religión en Nicaragua https://t.co/dQETBD1uTW
— Colectivo Nicaragua Nunca Más (@ColectivoNunca) April 24, 2024
El micrositio y el boletín sistematizan las violaciones a la libertad religiosa que se han manifestado de manera visible en los últimos meses, incluyendo la prohibición de celebraciones religiosas, la criminalización de servicios religiosos, el destierro y apatridia de líderes religiosos, el cierre de medios de comunicación dirigidos por las iglesias, la profanación de templos, la confiscación de bienes y cuentas bancarias, la expulsión de personas y órdenes religiosas, la detención arbitraria y desnacionalización de religiosos, y otros actos de represión contra miembros de la iglesia católica debido a su postura crítica.
El régimen de Daniel Ortega ha violado múltiples derechos de la población que profesa una religión, incluidos el derecho a la libertad de asociación, reunión y expresión, el derecho a la propiedad privada, la intimidad, el debido proceso, las garantías judiciales, y el derecho a profesar y divulgar su religión o creencias tanto en público como en privado.
Para materializar esta persecución, ha implementado acciones y medidas administrativas, legislativas e incluso judiciales para obstaculizar el ejercicio pleno de los derechos en libertad de religión, así como otros derechos fundamentales necesarios para la consolidación de una sociedad plural, equitativa y democrática.
Estas acciones también afectan a familias enteras y trabajadores de las organizaciones cuya personería jurídica ha sido cancelada, así como a la población que se beneficiaba de proyectos sociales, educativos y productivos.
Los numerosos incidentes documentados incluyen la interceptación y arresto del obispo Isidro del Carmen Mora, el 20 de diciembre de 2023, cuando se dirigía a confirmar a 230 feligreses en la parroquia Santa Cruz en La Cruz de Río Grande. Asimismo, se reporta que en el 2024, no se pudieron realizar unas 4,800 procesiones de Cuaresma y Semana Santa en Nicaragua.
El obispo Rolando Álvarez fue encarcelado, aislado y despojado de su nacionalidad por ser líder religioso, para luego ser desterrado al Vaticano. Aproximadamente uno de cada diez sacerdotes católicos nicaragüenses reside actualmente en el exilio. Además, se ha registrado el arresto del sacerdote Osman José Amador el 8 de septiembre de 2023, y de Víctor Ticay el 6 de abril de 2023, por ejercer su labor religiosa o periodística.
La vicepresidente del régimen, Rosario Murillo, y Daniel Ortega han proferido múltiples discursos de odio contra los sacerdotes, calificándolos de mentirosos y hasta “hijos del demonio”, lo que agrava aún más el clima de hostilidad hacia la Iglesia.
Tanto el boletín como el micrositio presentados evidencian que los ataques contra la Iglesia continúan siendo parte de la realidad cotidiana de Nicaragua, lo que representa una preocupación no solo por su impacto inmediato en la libertad de religión y culto, sino también por su implicación en el ámbito del derecho internacional y la afectación de los derechos humanos de las personas afectadas.
