Desde abril de 2018, más de 300 religiosos católicos nicaragüenses fueron desterrados, expulsados o forzados al exilio, mientras 36 propiedades de la Iglesia católica han sido confiscadas y más de 16.500 procesiones religiosas prohibidas.
Esas son algunas de las cifras estremecedoras documentadas en el más reciente informe “Nicaragua: Una Iglesia perseguida”, presentado este martes en Estados Unidos por la investigadora y abogada nicaragüense Martha Patricia Molina Montenegro.
El documento, que constituye la séptima entrega de una investigación iniciada en 2018, recoge un total de 1.010 ataques perpetrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia católica en el país.
Se trata, en palabras de su autora, de un registro que “graba con cinceles la persecución sistemática de una institución religiosa que ha acompañado al pueblo en medio de la represión”.
Una ofensiva en cifras
El informe detalla que 302 clérigos y religiosas han debido abandonar el país en los últimos siete años: cuatro obispos, 149 sacerdotes, 132 monjas, 13 seminaristas, tres diáconos y el propio nuncio apostólico.
Los mecanismos han sido múltiples: 51 destierros, 100 expulsiones, 70 exilios forzados bajo amenaza de cárcel o muerte, y decenas de prohibiciones de ingreso al territorio.
La persecución no se limita a las personas. El régimen ha ejecutado la confiscación de 36 propiedades eclesiales, el cierre de 13 universidades católicas y de 24 medios de comunicación vinculados a la Iglesia.
A ello se suman 244 ataques a templos y edificios religiosos, 103 robos y profanaciones y 92 pintas de odio en muros parroquiales.
“Lo que observamos no es un conjunto de hechos aislados, sino una política deliberada para desmantelar la presencia de la Iglesia en Nicaragua”, explicó Molina durante la presentación del documento.
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Un país sin procesiones religiosas
Uno de los capítulos más sensibles es el de la prohibición de expresiones de fe. Según el estudio, desde 2019 la Policía Nacional ha suspendido al menos 16.564 procesiones y actividades de piedad popular en todo el país.
Las órdenes suelen comunicarse de manera informal, mediante llamadas telefónicas o “visitas de cortesía”, sin dejar constancia escrita.
Esta estrategia, según el informe, busca desvirtuar la represión y hacer creer a la población que fue la propia Iglesia la que canceló las celebraciones.
La ofensiva ha dejado a varias jurisdicciones sin obispos. Matagalpa, Estelí, Jinotega y Siuna se encuentran hoy sin autoridades episcopales tras la expulsión o destierro de sus prelados.
La Arquidiócesis de Managua —la más grande del país— concentra el mayor número de ataques documentados (311), seguida por Matagalpa (192), Estelí (81) y Granada (73). Incluso se reportan nueve agresiones directas contra el Estado Vaticano.
La estrategia del silencio
El estudio subraya que la aparente disminución de hostilidades en 2025 —con 32 ataques hasta julio— no responde a una tregua, sino a una Iglesia “diezmada y silenciada”.
Molina explica que los sacerdotes ya no denuncian las agresiones porque reciben amenazas directas: “el que habla va preso y desterrado”.
La investigadora advierte además que los laicos tampoco pueden expresarse libremente debido a la vigilancia de policías, paramilitares y miembros de los Consejos del Poder Ciudadano. “El silencio no es paz, es miedo institucionalizado”, concluye.
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Una política de Estado
La persecución ha sido institucionalizada. En enero de 2025, la dictadura promulgó una nueva Constitución que establece la separación “estricta” entre el Estado y las iglesias, con un artículo que prohíbe a las organizaciones religiosas realizar actividades que “atenten contra el orden público”.
En la práctica, esta cláusula ha servido para justificar el cierre de congregaciones religiosas, la expulsión de órdenes completas de monjas y el control total de la vida eclesial.
Al menos 19 congregaciones religiosas han sido afectadas y varias se mantienen en el anonimato para proteger a las monjas que aún permanecen en Nicaragua.
Católicos sitiados
El matrimonio Ortega-Murillo ha acompañado estas acciones con una retórica de odio: el informe registra 78 mensajes de ataque público contra obispos y sacerdotes y 14 pintas ofensivas en parroquias.
“Estamos frente a un gobierno que persigue a la Iglesia con descaro y sin temor a Dios”, sostiene Molina. “El país ha quedado sin oposición política, sin medios de comunicación independientes, y ahora intenta arrancar también la voz de los altares”.
La séptima entrega de “Nicaragua: Una Iglesia perseguida” se convierte así en una radiografía devastadora de cómo la fe católica, profundamente arraigada en la sociedad nicaragüense, declarada enemiga por el poder político.
