En un evento paralelo de alto perfil celebrado en el marco del 58º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, defensores de los derechos humanos, expertos legales y sobrevivientes de la persecución denunciaron la interconexión entre la tortura y la represión de la libertad religiosa en algunos de los regímenes más autoritarios del mundo.
En el foro, Nicaragua fue señalado como uno de los países donde el asedio contra la Iglesia Católica y otras expresiones religiosas ha escalado a niveles alarmantes.
El evento, organizado por Jubilee Campaign US y copatrocinado por Set My People Free y el Centro Europeo para el Derecho y la Justicia, expuso cómo la persecución religiosa es empleada como una herramienta de control político en Estados como Pakistán, Eritrea, Sudán y Nicaragua.
Según los oradores, en el caso nicaragüense, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha utilizado la tortura psicológica, la represión judicial y el exilio forzado como mecanismos para silenciar las voces críticas dentro de la Iglesia.
Una política de Estado
Durante su intervención, Thibault van den Bossche, representante del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia, destacó que la administración sandinista ha intensificado la persecución religiosa mediante la cancelación de miles de organizaciones cristianas, la prohibición de manifestaciones públicas de fe y el arresto de obispos y sacerdotes.
“El gobierno de Nicaragua ha convertido la persecución a la Iglesia Católica en una política de Estado. Con más de 250 clérigos exiliados y cientos de parroquias bajo vigilancia, el régimen busca erradicar cualquier oposición moral que desafíe su autoridad”, denunció van den Bossche.
Uno de los casos más emblemáticos de esta escalada represiva es el del obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado.
Su reclusión en condiciones de aislamiento prolongado y la negativa del gobierno a permitir visitas familiares han sido interpretadas por organismos internacionales como una forma de tortura psicológica.
Un contexto de deterioro sistemático de derechos humanos
La situación de la Iglesia Católica en Nicaragua no puede entenderse sin el contexto más amplio de la crisis de derechos humanos en el país. Desde las protestas de abril de 2018, la dictadura de Ortega ha profundizado su política de represaliar a quienes considera opositores, con estrategias que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura en centros penitenciarios.
El Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, designado por la ONU, ha documentado patrones de crímenes de lesa humanidad en el país, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y un aparato estatal enfocado en eliminar cualquier expresión de disidencia.
La Iglesia ha sido uno de los sectores más golpeados, debido a su histórico papel como mediadora en conflictos y su respaldo a las víctimas de la represión.
Según datos de la investigación, más de 5,600 organizaciones de carácter cristiano han sido ilegalizadas en Nicaragua, incluyendo colegios, hospitales y asociaciones de caridad vinculadas con la Iglesia.
“La dictadura no sólo ha atacado a los sacerdotes, sino también ha cerrado espacios vitales para la población, dejando a miles de nicaragüenses sin acceso a servicios esenciales”, afirmó van den Bossche.
La comunidad internacional y la exigencia de rendición de cuentas
Nazila Ghanea, Relatora Especial de la ONU sobre la Libertad de Religión o Creencias, resaltó que la persecución religiosa no puede verse de manera aislada, ya que forma parte de una estrategia más amplia de represión estatal.
“La libertad de religión y la prohibición de la tortura son derechos inderogables. Los Estados deben rendir cuentas ante la comunidad internacional por las violaciones sistemáticas de estos principios”, subrayó.
En este sentido, Ghanea instó a la comunidad internacional a endurecer las sanciones contra los funcionarios responsables de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Además, solicitó a la Unión Europea y a los Estados miembros de la ONU que fortalezcan los mecanismos de vigilancia y presión diplomática para exigir la liberación de presos políticos, entre ellos, los religiosos encarcelados.
Por su parte, Charlie Weimer, miembro del Parlamento Europeo, advirtió que el silencio cómplice de algunos gobiernos solo refuerza la impunidad de regímenes como el de Ortega. “La Unión Europea no puede seguir ignorando esta crisis. Debemos condicionar acuerdos comerciales y de cooperación a mejoras concretas en derechos humanos en Nicaragua”, afirmó.
Llamado a la acción: una presión internacional sostenida
En la sesión, los expertos coincidieron en que la comunidad internacional debe actuar con urgencia para frenar la persecución religiosa y la tortura en Nicaragua. Entre las medidas propuestas, se destacaron:
• Intensificar la vigilancia de los derechos humanos a través de organismos de la ONU.
• Garantizar protección jurídica y refugio político a clérigos y laicos perseguidos.
• Ampliar sanciones económicas y políticas contra los responsables de la represión en Nicaragua.
• Apoyar investigaciones independientes sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
• Denunciar la instrumentalización del aparato judicial para criminalizar a líderes religiosos y opositores políticos.
La persecución de la Iglesia en Nicaragua se ha convertido en un símbolo de la deriva autoritaria del régimen de Ortega, claman los grupos de derechos humanos.
El foro concluyó con un llamado a la conciencia: sin una respuesta firme de la comunidad internacional, los abusos contra la libertad religiosa y los derechos humanos seguirán profundizándose, poniendo en riesgo a miles de nicaragüenses que hoy ven sus creencias convertidas en una amenaza para el Estado.
