América Latina atraviesa una grave crisis de libertad de prensa, marcada por represión estatal, acoso judicial, concentración mediática y precariedad laboral. Así lo revela el más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que evaluó a 28 países del continente y ubicó a Nicaragua como el país con la peor puntuación de toda América Latina.
Con un alarmante puesto 172 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025, Nicaragua desciende por debajo incluso de Cuba (165°) y Venezuela (160°), consolidándose como el país más hostil al ejercicio del periodismo en la región. El informe de RSF denuncia una situación en la que la prensa independiente ha sido completamente erradicada dentro del país, y donde la familia Ortega-Murillo ha instaurado un sistema de control absoluto sobre el ecosistema mediático.
La represión ha sido sistemática. En 2021, la toma policial del diario La Prensa sin orden judicial marcó un punto de inflexión. Su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, y el exdirectivo Pedro Joaquín Chamorro Barrios fueron encarcelados por más de un año bajo cargos sin pruebas. Desde 2018, medios como Confidencial y 100% Noticias han sido confiscados. La reforma constitucional de enero de 2025, que otorgó el título de “copresidenta” a Rosario Murillo, institucionalizó aún más el control sobre los medios con la excusa de protegerlos de “injerencias extranjeras” y “noticias falsas”.
“La represión contra la prensa independiente en Nicaragua alcanza niveles alarmantes y se ha convertido en una estrategia central del régimen del presidente Daniel Ortega y de la copresidenta, su esposa, Rosario Murillo, para silenciar cualquier forma de disidencia. La policía allana los domicilios de los periodistas sin orden judicial ni explicación, y los interroga sobre sus compañeros, su trabajo en curso y sus empleos anteriores en medios independientes. También registra sus teléfonos móviles y confisca los dispositivos electrónicos de todos los ocupantes de la casa. Después, los afectados deben contactar a diario, en persona o por teléfono, con la comisaría de policía. Los pocos periodistas que aún ejercen dentro del país trabajan muy discretamente y ni siquiera firman sus artículos para evitar represalias”, dice el informe de RSF.
Los pocos periodistas que aún informan desde Nicaragua lo hacen en el anonimato, bajo amenazas constantes, vigilancia policial y confiscaciones arbitrarias.
Las cadenas de televisión Canal 8, 4, 9 y 13, así como las emisoras Radio Ya y Radio Sandino, están bajo control directo del régimen, funcionando como plataformas de propaganda oficial. Mientras tanto, los medios independientes subsisten en el exilio, apelando al uso de redes sociales para mantener el contacto con su audiencia.
Honduras: el cambio político no mejora la situación
Honduras se sitúa en el puesto 142. Tras la elección de Xiomara Castro en 2021, se esperaban mejoras en derechos humanos y libertad de prensa. Sin embargo, persisten los ataques a medios comunitarios, especialmente aquellos que cubren narcotráfico, violencia de género y conflictos sociales. La policía militar y el ejército son señalados como los principales responsables de las agresiones.
“ Los periodistas se enfrentan a retos similares a los encaraban con gobiernos anteriores: discursos denigrantes de los nuevos funcionarios, el rechazo al acceso a las fuentes informativas a periodistas no afines al gobierno y la falta de protección contra las amenazas”, dice el informe.
El mecanismo de protección a periodistas, aunque existente, es ineficaz por falta de presupuesto y personal capacitado, lo que deja a los profesionales de la prensa en una situación de alta vulnerabilidad.
Guatemala: persecución judicial persiste a pesar de nuevo gobierno
A pesar del cambio político tras las elecciones de 2023, que llevaron al poder a Bernardo Arévalo con una agenda de restauración democrática, la situación de la prensa en Guatemala sigue siendo crítica. En el puesto 138, el país muestra cómo el aparato judicial se usa para perseguir a periodistas, como en el caso del fundador del elPeriódico, José Rubén Zamora.
“La seguridad de los periodistas se ha degradado en los últimos años. El nuevo gobierno de Bernardo Arévalo se ha comprometido a desarrollar una política pública de protección de los profesionales de los medios. Las campañas de difamación, el acoso policial y las agresiones físicas y verbales son los principales atropellos que sufren los periodistas en el ejercicio de su labor. Temiendo por su vida o la de sus familias, muchos se ven obligados a exiliarse. También son objeto de procesos judiciales arbitrarios, como sucede con el fundador del diario elPeriódico, Jose Rubén Zamora”, subraya RSF .
Los periodistas enfrentan acoso, difamaciones y violencia física. Muchos optan por el exilio ante la falta de garantías para su seguridad. El nuevo gobierno ha prometido políticas públicas de protección, pero RSF advierte que las instituciones estatales aún resisten los esfuerzos democratizadores.
El Salvador: control, vigilancia y espionaje
El Salvador ocupa el puesto 135 en el ranking. Desde la llegada al poder de Nayib Bukele en 2019, y su reelección en 2024, el país ha experimentado un clima de hostilidad hacia los medios críticos. Los periodistas enfrentan severas restricciones de acceso a la información y un entorno de autocensura, marcado por la vigilancia tecnológica. Varios han sido víctimas del software espía Pegasus, mientras que el encarcelamiento de Víctor Barahona bajo el régimen de excepción sienta un precedente inquietante.
“Los medios son víctimas de la violencia generalizada que reina en El Salvador. El ejercicio periodístico está marcado por el acoso a medios críticos y la criminalización de los periodistas que cubren temas de seguridad pública y pandillas”, señala RSF.
Aunque no se han registrado asesinatos de periodistas desde 2016, los profesionales enfrentan amenazas constantes por parte de fuerzas policiales y militares, además de una creciente criminalización del periodismo sobre seguridad y pandillas.
Belice y Panamá: mejoras discretas pero significativas
Belice (puesto 47) y Panamá (53) registran ligeros avances. En Belice, los periodistas aún enfrentan amenazas, particularmente quienes cubren asuntos penales, pero los gobiernos mantienen una postura de apertura hacia la prensa, aunque persisten problemas de transparencia.
En Panamá, la principal amenaza proviene del ámbito judicial. Los periodistas que investigan corrupción y escándalos financieros enfrentan procesos legales que fomentan la autocensura. Las agresiones físicas son escasas, pero la independencia editorial se ve limitada por la asignación de publicidad oficial y el temor a demandas.
“Las relaciones entre los políticos y la prensa se han deteriorado, fomentando la autocensura de los periodistas que temen ser demandados ante la justicia. Los periodistas panameños trabajan en un entorno relativamente estable, ya que las agresiones físicas contra la prensa son muy escasas. La principal amenaza hacia la profesión proviene del entorno judicial”, dice RSF.
Costa Rica: faro de libertad en Centroamérica
Costa Rica se mantiene como el país centroamericano con mayor libertad de prensa, alcanzando el puesto 36. La legislación protege la confidencialidad de las fuentes y la Sala Constitucional respalda el derecho a la información. No obstante, el gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles ha adoptado un tono confrontativo hacia los medios críticos, con ataques verbales y restricciones al acceso a la información.
“El gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles ha adoptado una línea de confrontación con algunos medios y periodistas críticos, lo que se manifiesta frecuentemente en ataques verbales. Además, se han registrado restricciones al acceso a la información pública bajo la administración de Chaves Robles”, señala RSF.
La presión económica también amenaza la independencia de los medios. La creciente concentración de la propiedad limita el pluralismo y la diputada oficialista Pilar Cisneros ha promovido medidas que afectan directamente a medios críticos.
Una crisis continental
El informe de RSF destaca que 22 de los 28 países evaluados en América registraron un descenso en su indicador económico relacionado con la libertad de prensa. La migración de la publicidad a plataformas tecnológicas y la precarización laboral agravan la crisis del modelo de negocios tradicional de los medios. Las redacciones se achican, y con ellas, la capacidad de ejercer un periodismo libre e independiente.
Trinidad y Tobago (puesto 19) y Canadá (21) encabezan el índice en el continente, mostrando que aún existen contextos favorables para la prensa. En contraste, Venezuela sigue entre los países con peores resultados por su política de censura y represión judicial. En Haití (111°), la violencia de las bandas y el colapso del Estado hacen del periodismo una actividad de altísimo riesgo.
El mapa de la libertad de prensa en América de Reporteros Sin Fronteras refleja un panorama desigual y en deterioro. Mientras algunos países, como Costa Rica, Belice y Panamá, logran mantener márgenes de independencia, otros como Nicaragua, El Salvador y Guatemala enfrentan una escalada de represión y amenazas. La concentración mediática, la violencia institucional y el colapso de los modelos económicos periodísticos constituyen los principales desafíos a los que se enfrenta el periodismo en la región. En este contexto, la defensa de una prensa libre se vuelve más urgente y necesaria que nunca.