Nicaragua se ha convertido en el país con el mayor deterioro democrático en el mundo en los últimos 14 años, según el Índice de Democracia 2025 elaborado por la Unidad de Inteligencia Económica (EIU) de la revista The Economist.
El informe, publicado el 8 de abril, ubica al país centroamericano como el caso más grave de retroceso democrático entre 167 naciones analizadas.
Con una puntuación de apenas 1,97 sobre 10, Nicaragua se posiciona en la categoría de “régimen autoritario” y ocupa el puesto 150 del ranking global, por debajo de estándares mínimos de democracia.
El estudio evalúa cinco variables clave: procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles, en las que el país aparece de forma recurrente entre los peores desempeños.
El deterioro nicaragüense supera incluso a países como Malí —gobernado por una junta militar tras golpes de Estado—, así como a Venezuela, Rusia y Afganistán, que también figuran entre los casos más críticos.
Un retroceso sostenido bajo Ortega y Murillo
El informe sitúa el inicio de este declive en 2011, periodo en el que Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidaron su control sobre las instituciones del Estado.
Desde entonces, organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y actores de la sociedad civil han documentado una erosión sistemática de las garantías democráticas.
Entre los retrocesos más visibles figuran los cuestionamientos a los procesos electorales, ampliamente señalados por su falta de transparencia y competencia real, así como la eliminación progresiva del pluralismo político mediante la cancelación de partidos y la persecución de opositores.
En el ámbito de las libertades civiles, Nicaragua encabeza la lista de países con mayor deterioro.
La represión de las protestas sociales de 2018 marcó un punto de inflexión: al menos 355 personas murieron, según datos de la Organización de los Estados Americanos, en un contexto de uso excesivo de la fuerza por parte del Estado.
Violaciones sistemáticas y exilio forzado
Las denuncias sobre violaciones masivas, constantes y sistemáticas de derechos humanos han sido respaldadas por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, que ha documentado posibles crímenes de lesa humanidad.
Entre las prácticas señaladas destacan detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, así como el destierro de opositores, periodistas, religiosos y activistas.
A ello se suma la confiscación de bienes y organizaciones, en una política que ha desmantelado gran parte del tejido independiente del país.
La persecución religiosa también ha sido documentada por investigadores y organismos internacionales, con miles de procesiones prohibidas desde 2019 y un control creciente sobre las actividades de la Iglesia católica y otras denominaciones.
Censura y control total del espacio público
El cierre de medios de comunicación, la expulsión de periodistas y la censura informativa han reducido drásticamente el acceso a información independiente.
Nicaragua figura entre los países con mayores restricciones a la libertad de prensa en el continente.
Este control se extiende al espacio público y digital, donde la vigilancia estatal y el uso de estructuras partidarias han limitado la expresión ciudadana.
La participación política, otro de los indicadores evaluados por la EIU, sitúa al país entre los peores del mundo, reflejando un entorno de miedo, autocensura y exclusión.
Contexto regional y perspectivas inciertas
El informe destaca que América Latina ha mostrado, en general, una tendencia mixta, con 13 de 24 países mejorando sus indicadores democráticos.
Sin embargo, Nicaragua contrasta como uno de los casos más extremos de regresión institucional.
Otros estudios, como el informe V-Dem 2026 de la Universidad de Gotemburgo, coinciden en clasificar al país entre las autocracias más consolidadas del mundo.
De cara a 2026, el panorama sigue siendo incierto. La evolución de la democracia en la región podría verse influida por factores externos, incluida la política de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, aunque en el caso nicaragüense no se vislumbran señales de apertura.
Tras casi dos décadas en el poder, Ortega y Murillo mantienen un modelo de control político que, según múltiples informes internacionales, ha erosionado profundamente las bases democráticas del país, dejando a Nicaragua en una de las situaciones institucionales más críticas del mundo.
