El ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos, defendió este jueves ante la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley del Sistema Penitenciario Nacional, al afirmar que su principal objetivo es establecer “competencias claras” para la Dirección General del Sistema Penitenciario y ordenar la administración de los centros carcelarios.
Campos fue citado en la sesión de la Comisión permanente especial de seguridad y narcotráfico y ahí expuso a los diputados de la Asamblea Legislativa que con esta propuesta de ley buscan regular el sistema penitenciario costarricense con toda la población que ahí reside como sentenciados, indiciados y apremiados menores de edad.
Dijo que la normativa busca establecer “competencias claras” para la Dirección General de Sistema Penitenciario de Costa Rica, además, de gestionar y administrar mejor los centros penitenciarios y dar paso a la creación de una dirección de adaptación social.
“Otro de los aspectos más importantes es que con este proyecto pretendemos delimitar con mayor precisión cuál es la relación que tiene que haber entre el poder Judicial y la Policía penitenciaria de manera que no entremos a conflictos más allá que los que tengan que ver con vulneraciones a derechos humanos de personas privadas de libertad”, señaló Campos en su exposición.
Asimismo, mencionó que buscan establecer una rectoría con el que delimitarían las actuaciones del Órgano Judicial en la pena de los privados y establecerían “de forma clara” las clasificaciones, control y rendición de cuentas para evitar “trato cruel, inhumano y degradante” de los reclusos.
Indicó también que la ley busca regular traslados o reubicaciones de prisioneros y “dan importancia relevante” a convenios penitenciarios y regularían el “circuito” de prisión. Aseguró que este proyecto es resultado de los equipos técnicos que alimentan el trabajo diario del sistema penitenciario.
Ministro dice jueces están coadministrando al dar indicaciones
“Queremos poner un poquito de orden” en el sistema que no ha tenido una legislación que lo rija en sus actuaciones dijo Campos a los legisladores.
El ministro aseguró que hay jueces que no están de acuerdo con la ley porque el Ministerio tiene la idea que los jueces de ejecución tienen como papel de ser “garante de los derechos fundamentales” y los señaló estar “coadministrando” al darles indicaciones sobre traslados, que reclusos reciban educación “sobre otros que vienen la lista” o ser más complacientes para que reciban visitas.
