Ministerio Público trata de justificar la persecución contra la presidenta del TSE de Guatemala

El Ministerio Público (MP) de Guatemala justificó su persecución legal contra la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, alegando que la funcionaria “podría haber incurrido en varias ilegalidades” y en el mandato que la Constitución da a la fiscalía para la “investigación de los ilícitos”.

En un comunicado, el cada vez más solo MP argumenta que Alfaro, entonces aún no había asumido como principal en el ente electoral, habría incurrido en “irregularidades en el resguardo de las cajas electorales, inobservando la normativa legal aplicable para su custodia”.

“El Ministerio Público pudo establecer que, en las cajas electorales, no se encontraba depositada la copia del documento 4, el cual es de suma importancia ya que en el mismo se consigna el dato de los votos obtenidos por los candidatos”, agregó.

También le achacan que no veló por la uniformidad de formatos utilizados en el proceso, esconder información que debe ser pública y respaldar acuerdos irregulares.

Insistió, además, en que hubo dolo en todas las acciones, que fueron realizadas como arbitrariedades y que permitió alteraciones de actas.

Incluso la señalan de usar “fuerza física, actos intimidatorios, violencia verbal y amenazas, vulnerando la dignidad e integridad del personal fiscal” al oponerse “violentamente” al allanamiento del Tribunal Electoral en septiembre, a pesar de la orden de un juez.

El TSE se limitó a decir que, de nuevo, el Ministerio Público intenta vulnerar a la institución con una persecución ilegal.

El MP ha intentado por la vía legal inhabilitar al presidente electo, Bernardo Arévalo, su partido Movimiento Semilla y a magistrados electorales, lo que ha sido calificado como intento de golpe de estado.

Curruchiche incluso pidió, hace una semana, la anulación de las elecciones.