El Ministerio Público de Guatemala, señalado de persecución político-judicial, giró órdenes de arresto contra 4 magistrados electorales, por presunta compra irregular de un software que fue utilizado en las votaciones del año pasado.
Irma Palencia, quien hasta octubre ocupó el cargo de presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es señalada por la fiscalía de supuesto abuso de autoridad.
Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas son acusados de fraude.
El Congreso de la República, en una cuestionada votación, les retiró la inmunidad a los 4 magistrados. La votación ocurrió apenas una hora antes de que terminara, el 30 de noviembre del año anterior, el período para sesiones ordinarias.
Debido a esto, Estados Unidos sancionó a más de 100 diputados y les retiró la visa, por considerarlos corruptos.
Los acusados están fuera del país, con licencia, y volverían a sus labores hasta febrero.
La fiscal general, Consuelo Porras, señalada de corrupta y antidemocrática, es la punta de lanza de la embestida contra actores legales mientras el presidente saliente, Alejandro Giammattei, justifica el apartarse de la tormenta y permitir que esta azote alegando “respeto a la independencia” de los órganos del Estado.
