El director del medio digital El Faro, Carlos Dada, denunció el sábado que la Fiscalía General de la República estaría preparando órdenes de captura contra varios periodistas del medio digital, tras una publicación reciente sobre presuntos pactos entre pandilleros y actores políticos del entorno presidencial.
Sin embargo, un alto funcionario gubernamental sostuvo que en “ El Salvador se respeta y garantiza el ejercicio de la libertad de prensa y expresión, pilares fundamentales de toda sociedad democrática”.
La denuncia generó reacciones inmediatas dentro y fuera del país. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió una alerta y afirmó que “está vigilante de cualquier ataque, allanamiento o detención arbitraria contra los colegas”.
Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, expresó su “atención y alerta” ante la denuncia de Dada, y destacó que “la gravedad de la denuncia urge reacción oficial sobre garantías al periodismo”.
También la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su “profunda alarma” y sostuvo que “cualquier intento de criminalizar el periodismo es un grave atentado contra la libertad de prensa”.
Desde Human Rights Watch, el investigador Juan Papier advirtió que “todas las miradas están puestas en El Salvador”, mientras que la APES reafirmó su compromiso con el monitoreo de la situación.
La controversia surgió luego de que El Faro publicara una serie de entrevistas con dos jefes de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, quienes revelaron supuestos acuerdos con el gobierno salvadoreño y aseguraron haber salido del país con ayuda del Estado.
El presidente Nayib Bukele respondió en su cuenta de X que “un país en paz, sin muertos, sin extorsión (…) no es rentable para las ONG de derechos humanos, ni para los medios globalistas, ni para las élites, ni para Soros”, en alusión al filántropo George Soros, a quien suele señalar como financiador de sectores críticos.
El comisionado presidencial de Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, afirmó que “en El Salvador se respeta y garantiza el ejercicio de la libertad de prensa”, pero recordó que “el principio de legalidad rige para todos los ciudadanos, incluidos los periodistas”.
Añadió que si una persona enfrenta señalamientos por posibles delitos, debe aplicarse el debido proceso, respetando la presunción de inocencia.
“Reiteramos que el Gobierno de El Salvador, a través de esta Comisión, se mantiene vigilante de cualquier situación que comprometa las libertades públicas, y reafirmamos nuestra disposición al diálogo abierto y constructivo con todos los sectores, incluido el gremio periodístico nacional e internacional”, escribió Guzmán en la red social X.
