La Fundación del Río, una de las ONG expulsadas de Nicaragua, advirtió del incremento de confiscaciones de entidades de la sociedad civil del país centroamericano y del daño que esto ocasiona a la pobre economía nacional al provocar miles de puestos de empleo perdidos y por la ayuda que deja de llegar a las comunidades.
Nicaragua es uno de los países más pobres del continente y “lamentablemente esa capacidad de gestión para el desarrollo ha sido cercenada”, señaló Amaru Ruiz de dicha organización.
“Entre el 18 de abril de 2023 y el 31 de agosto de 2023, de un total de 7,227 organizaciones registradas legalmente en el país en 2018… las organizaciones confiscadas representan el 47% registradas legalmente desde 2018, esto pese a sus aportaciones para el desarrollo multinivel en el país, incluidas 26 universidades”, de acuerdo con los datos.
#SOSNicaragua | Te compartimos parte de nuestra intervención en la presentación del informe sobre el cierre del espacios cívicos en #Nicaragua presentado en el #188PeríodoCIDH |#CIDHAudiencias @ReporteNi pic.twitter.com/HrbdCLbzTw
— Fundación del Río (@fundaciondelrio) November 10, 2023
La Fundación del Río destaca el impacto económico y laboral por el cierre injustificado de estas organizaciones, lo cual ha ocasionado “más de 23,000 personas desempleadas, la desatención de 3.4 millones de beneficiarios de los proyectos sociales y comunitarios y la pérdida de 255 millones de dólares para la ejecución de proyectos de desarrollo al año”.
El comunicado indica que “en el marco del periodo de sesiones 188 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Fundación del Río confirmó la limitación que tiene la sociedad civil para participar de la vida política, social, cultural y religiosa en Nicaragua”.
El documento se centra en el informe sobre el Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua, el cual fue articulado por la CIDH, que pone en evidencia que 3,390 organizaciones de la sociedad civil han sido afectadas por la cancelación de su personería jurídica.
La Fundación también añadió que “organizaciones como Movimiento María Elena Cuadra, CODENI, CEJUDHCAN, Popolna, La Corriente, Onda Local, etc. fueron retomadas como ejemplo de casos en los que hubo ocupación policial, congelamiento de sus cuentas y otros activos, además de la criminalización y persecución hacia sus integrantes”.
