Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala que perdieron su inmunidad la semana pasada, denunciaron una “persecución judicial” en su contra, sin embargo dijeron estar dispuestos a enfrentar cualquier investigación en su contra.
En el comunicado señalan su preocupación por la persecución “con apariencia de legalidad”.
Incluso denuncian que posiblemente lo que la fiscalía pretende con este proceso es cambiar los resultados de las elecciones generales en la que la gran sorpresa fue el pase a segunda vuelta de Bernardo Arévalo, de Movimiento Semilla, un candidato que antes del 25 de junio apenas tenía el 2.8 % de preferencias en todas las encuestas y que terminó ganando la presidencia el 20 de agosto por una ventaja de 900,000 votos ante Sandra Torres.
La magistrada del @TSEGuatemala, Irma Palencia, señala que hay preocupación porque el tribunal electoral pueda integrarse con otros magistrados y que, posiblemente, se busque cambiar los resultados de las elecciones generales. pic.twitter.com/OfKtgOusgb
— Ferdy (@FerdyMontepeque) December 5, 2023
En el comunicado los magistrados dijeron que solicitaron 2 semanas de licencia, en medio del proceso que culminó con el desafuero para ser investigados por la presunta irregularidad en un software comprado por el TSE para las elecciones.
El 30 de noviembre, con 108 votos de diputados oficialistas y aliados, el Congreso retiró la inmunidad de Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Ranulfo Rafael Rojas y Mynor Franco.
La medida ha sido condenada por diferentes sectores, por considerar que atenta contra la democracia y el estado de derecho. Estados Unidos, principal socio de Guatemala, ha rechazado la decisión y hasta decidió sancionar al principal operador político del gobierno, Miguel Martínez, un exfuncionario de 34 años de quien se dice es la pareja sentimental del presidente Alejandro Giammattei, de 67.
En medio de semejante tormenta, Giammattei está mudo y son pocas las apariciones en público. Se dice que detrás de la tempestad se encuentra él, intentando boicotear el traspaso presidencial a Arévalo, en un desesperado intento de no ser acusado de corrupción al entregar el Ejecutivo.
La toma de posesión está programada para el 14 de enero.
El TSE antes de llegar al desafuero, afrontó allanamientos de parte del Ministerio Público, que incluso abrió cajas con votos y actas de los resultados de segunda vuelta, violentando la custodia de las mismas.
