Gilbert Jiménez Siles, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y nuevo presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, solicitó al gobierno de Rodrigo Chaves declarar una emergencia nacional debido a la creciente inseguridad en Costa Rica.
En una reciente conversación con la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, Jiménez también exhortó al Gobierno de Rodrigo Chaves a presentar “una agenda más robusta” en materia de seguridad para el actual período de Sesiones Extraordinarias, que se extiende hasta el 31 de julio.
Jiménez destacó la necesidad urgente de redireccionar recursos del aparato estatal para enfrentar la ola de criminalidad.
“El Gobierno tiene que saber que si no tomamos medidas extraordinarias la situación se va a agravar. No podemos perder más el tiempo. Todos los cuerpos policiales requieren más recursos y se necesita mayor presencia policial en todas las comunidades del país”, subrayó el legislador en una reciente entrevista.
Agenda de Seguridad
Jiménez validó las críticas de otros diputados, quienes calificaron la agenda de seguridad del Gobierno como “raquítica y débil”.
A pesar de que se consensuaron varios proyectos para combatir la inseguridad, el Ejecutivo solo convocó tres iniciativas para discusión en el período extraordinario: los expedientes 23.690, 23.834 y 23.986, los cuales abordan la intervención de comunicaciones, cambios en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y modificaciones en la medida de prisión preventiva.
“Es una agenda débil, concuerdo con mis compañeros. Ocupamos una agenda más robusta que venga a responder a esta situación de emergencia. En la Comisión hay anuencia y disposición, pero no podemos avanzar si el Gobierno no amplía su convocatoria”, indicó Jiménez.
Proyectos Excluidos
Entre las iniciativas excluidas se encuentran:
Expediente 24.095: Ley para el Fortalecimiento del Marco Sancionatorio de los Delitos Cometidos con Armas de Fuego.
Expediente 24.096: Ley para Regular el Beneficio del Arresto Domiciliario con Brazalete Electrónico.
Expediente 24.194: Ley para Agravar la Penalidad del Autor, Instigador y Cómplice que Participen Personas Menores de Edad en la Comisión de Hechos Delictivos.
Expediente 24.175: Reforma a varios artículos de la Ley de Justicia Penal Juvenil.
Enfoque en Prisión Preventiva
Desde enero, se acordó que la prioridad sería la reforma de la prisión preventiva.
No obstante, el expediente 23.896, que busca que personas vinculadas con delitos graves no gocen de beneficios como arresto domiciliario o brazaletes electrónicos, sigue estancado en el Congreso.
La iniciativa propone reformas al Código Procesal Penal para asegurar que el tribunal ordene la prisión preventiva cuando exista peligro para la víctima, la persona denunciante, el testigo y la comunidad.
La situación de inseguridad en Costa Rica se enmarca en un contexto regional complejo, donde otros países centroamericanos también enfrentan desafíos similares.
La inseguridad ha sido un tema recurrente, con la violencia y el narcotráfico como principales problemas.
En 2023 el país cerró con cifra récord de 907 homicidios y solo en este año ya van 344 casos hasta el 24 de mayo. Según datos de 2023, la tasa de homicidios en Costa Rica se situó en 11,2 por cada 100.000 habitantes, una cifra elevada comparada con otros países de la región.
La presión sobre el Gobierno costarricense para abordar la inseguridad se intensifica a medida que aumentan las demandas de diversos sectores para tomar acciones decisivas que fortalezcan la seguridad nacional y protejan a los ciudadanos.
