El Consejo de la Unión Europea (UE) prorrogó este martes sus sanciones a 21 personas y tres entidades de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua por un año más, hasta el 15 de octubre de 2025.
Las personas designadas -entre las que figura la vicedictadora Rosario Murillo y tres de sus hijos- están sujetos a una congelación de activos. Además, los ciudadanos y empresas de la Unión Europea tienen prohibido poner fondos a su disposición.
Estas 21 personas también están sujetas a una prohibición de viajar, que les impide entrar o transitar a través de los territorios de la UE. Entre ellos figuran Laureano Facundo Ortega Murillo, considerado el delfín de la pareja de dictadores nicaragüenses, así como sus hermanos, Camila Antonia Ortega Murillo y Juan Carlos Ortega Murillo.
Las instituciones sancionadas son la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, al que acusa de haber “dirigido y realizado actividades de vigilancia de la sociedad civil y la oposición democrática”, además de ejercer un “férreo control de los medios de comunicación, mediante el cierre de emisoras de radio afines a la oposición democrática”.
El régimen de sanciones se introdujo por primera vez en octubre de 2019 para abordar el deterioro de la situación política y social de Nicaragua, después de que el Consejo expresara repetidamente su preocupación por el continuo deterioro de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en el país. El Consejo revisa anualmente las medidas restrictivas en vigor.
“La UE reitera su llamado a que se restablezcan las libertades fundamentales en Nicaragua, la liberación de todos los presos políticos restantes y el regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos”, dice el bloque en su comunicado del martes.
La UE también enfatizó la necesidad de poner fin a las restricciones al espacio cívico y respetar el derecho a disidir.
“La UE reafirma su compromiso continuo con el pueblo nicaragüense y con la defensa de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos. La actual crisis política en Nicaragua debe resolverse mediante un diálogo genuino entre el gobierno y la oposición”, subraya el comunicado.
