La Unión Europea (UE) decidió este viernes 9 de enero de 2026 prorrogar hasta el 13 de enero de 2027 las sanciones impuestas a responsables de atentar contra la democracia, el Estado de Derecho y el traspaso pacífico del poder en Guatemala.
Actualmente, las medidas afectan a ocho personas y una entidad vinculadas con acciones que, según la UE, obstaculizan la voluntad democrática del pueblo guatemalteco. Las sanciones incluyen la inmovilización de bienes, la prohibición de proveer fondos —de forma directa o indirecta— por parte de ciudadanos y empresas europeas, y restricciones de viaje a los países miembros del bloque.
Entre los sancionados figuran la fiscal general María Consuelo Porras Argueta de Porres; el secretario del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila; los fiscales José Rafael Curruchiche Cucul y Leonor Eugenia Morales Lazo de Sánchez; los jueces Fredy Raúl Orellana Letona y Jimi Rodolfo Bremer Ramírez; y los representantes de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Rafael Méndez-Ruiz Valdés y Raúl Amílcar Falla Ovalle.
Bruselas aclaró que estas sanciones están dirigidas exclusivamente contra quienes han participado, promovido o se han beneficiado de acciones que menoscaban los principios democráticos. “No se trata de medidas contra Guatemala, su población o su economía”, recalcó el Consejo de la UE.
La Unión Europea mantiene una relación estrecha con Guatemala y reiteró su respaldo a la democracia en el país. Como parte de este compromiso, en 2023 desplegó una misión de observación electoral y, en 2026, ha movilizado una misión ad hoc para apoyar los procesos de selección de autoridades clave como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía General.
El marco legal que respalda estas medidas fue aprobado el 12 de enero de 2024, tras la crisis postelectoral de 2023. La primera ronda de sanciones se adoptó en febrero de 2024 y fue ampliada en junio de 2025 con nuevas incorporaciones.
