La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su profunda preocupación ante el proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión convocado por el Gobierno de Costa Rica, al considerar que el mecanismo podría restringir la libertad de expresión, limitar la pluralidad de voces y fomentar la concentración mediática.
La polémica surgió a raíz de la iniciativa del presidente Rodrigo Chaves de “democratizar” el uso del espectro radioeléctrico, exigiendo a las empresas pagar un valor “justo” por operar en esas frecuencias. Sin embargo, decenas de emisoras denunciaron haber quedado fuera del proceso de licitación, cuyo plazo venció el pasado 21 de noviembre.
Ante esta situación, la Sala Constitucional de Costa Rica suspendió cautelarmente la subasta, convocada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), mientras analiza un recurso de amparo presentado contra el procedimiento.
La SIP recordó que el espectro radioeléctrico, como recurso público, no debe regirse exclusivamente por criterios técnicos o económicos, pues esto violaría principios establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
“El espectro no es un bien comercial sujeto a la lógica del mejor postor. Excluir a medios por razones económicas atenta contra la pluralidad y debilita el ecosistema informativo”, advirtió Pierre Manigault, presidente de la SIP.
En la misma línea, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo, subrayó que “cuando el costo de participar deja fuera a emisoras, la libertad de expresión se ve comprometida. La democracia necesita todas las voces”.
Rechazo gremial y social
El Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) también cuestionó el enfoque fiscalista del Ejecutivo, señalando que no se garantiza el acceso ciudadano a contenidos diversos, educativos y regionales.
Por su parte, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) advirtió que los elevados costos impuestos por el Gobierno están dejando fuera a numerosas emisoras AM y FM, así como a canales con más de seis décadas de trayectoria.
“Muchas emisoras ya anunciaron que no participarán porque no pueden asumir las condiciones. Esto disminuirá las voces en el país”, afirmó Raúl Silesky, presidente del IPLEX.
Aunque Costa Rica ha sido tradicionalmente un referente en respeto a la libertad de prensa, una misión internacional de la SIP en enero de este año detectó un deterioro progresivo del clima mediático, atribuido a actitudes estigmatizantes del Poder Ejecutivo contra medios y periodistas críticos.
La SIP advirtió que esta tensión ha generado un ambiente de autocensura, debilitando el rol de la prensa como contrapeso democrático.
