El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (CACIF) pidió al Congreso aprobar con urgencia la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El sector empresarial señaló que la reforma resulta clave para fortalecer los controles financieros y evitar que Guatemala enfrente sanciones internacionales por incumplir estándares globales.
Además, advirtió que el país corre el riesgo de ingresar a la llamada “Lista Gris” del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, organismo regional que supervisa medidas contra el lavado de dinero.
Según el pronunciamiento, la actualización legal permitiría adaptar la normativa guatemalteca a recomendaciones técnicas internacionales sobre prevención de capitales ilícitos y financiamiento del terrorismo.
Remesas y transacciones bancarias podrían enfrentar restricciones
Los empresarios alertaron que una eventual inclusión en la lista de vigilancia financiera tendría efectos directos sobre la economía nacional.
Entre las posibles consecuencias mencionaron mayores costos para el envío de remesas, pérdida de corresponsalías bancarias y más obstáculos para realizar transacciones internacionales.
El sector empresarial organizado hace un llamado urgente https://t.co/q0DpGuyzRz
— CACIF (@CACIFGuatemala) May 25, 2026
También indicaron que la medida podría reducir la confianza de inversionistas y socios comerciales, además de afectar la competitividad de Guatemala en mercados internacionales.
El sector privado sostuvo que el lavado de dinero distorsiona la competencia, debilita instituciones públicas y facilita el avance del crimen organizado.
Congreso mantiene pendiente discusión de la normativa
El pronunciamiento empresarial afirmó que distintos sectores participaron durante meses en mesas técnicas y discusiones legislativas sobre el contenido de la iniciativa.
Según la gremial, representantes empresariales presentaron observaciones y buscaron consensos para acelerar la aprobación del proyecto de ley.
Además, reconocieron el respaldo de algunos diputados y actores políticos que apoyaron la propuesta desde el inicio del debate legislativo.
Sin embargo, el sector empresarial aseguró que intereses vinculados a estructuras beneficiadas por la opacidad continúan retrasando la aprobación de la normativa.
Por ello, hizo un llamado directo al Congreso guatemalteco para aprobar la ley “con la prontitud que el país demanda”.
Los empresarios concluyeron que una legislación moderna y alineada con estándares internacionales resulta necesaria para proteger la estabilidad económica y la reputación financiera de Guatemala.