A pesar de que las Regiones Autónomas de la Costa Caribe cuentan con su Estatuto de Autonomía establecido en la Ley No. 28, que permite el funcionamiento según los criterios institucionales determinados en el marco legal y la constitución política, se puede apreciar, que lo que menos existe en el Caribe nicaragüense es “Autonomía”, una palabra empleada en la legislación nacional, sin ningún valor para la dictadura y que se ha constituido en una mala palabra.
La vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, realiza cambios abruptos en la Corte Suprema Justicia en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, a pesar de que la región cuenta con su estatuto “especial”.
En los últimos días el régimen ha implementando una “operación barrida” en el órgano judicial, donde ya cuentan despidos masivos de altos funcionarios, como magistrados encabezada por la exmagistrada presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos.
La guillotina ha llegado al Caribe nicaragüense
El turno ha llegado a la Costa Caribe Sur, en la cabecera regional Bluefields, donde la policía intervino en su casa de habitación, en el Hotel Marda Maus, a la Magistrada presidenta del Tribunal de Apelaciones Teresa de Jesús Peña, donde “los agentes le orientaron que debía de acompañarlos a la instalaciones judiciales para que sacara todas sus cosas porque quedaba destituida de su cargo”, compartió una fuente a Centroamérica 360.
Peña primeramente fungió como juez local de lo laboral, también fue juez del juzgado local penal, estuvo también en Corn Island, en la era de los gobiernos liberales, como jueza y luego la retornaron a Bluefields para asumir como magistrada por orientaciones de los sandinistas. Y se volvió sandinista “muchos sandinistas militantes no la querían, porque no creían en que realmente ella era sandinista y decían que ella seguía siendo contra gobierno”.
“Ella nunca quiso jubilarse porque había una disputa entre el magistrado César Quinto y el juez, de aquel entonces, Antonio Ortiz, que ahora había asumido como magistrado, pero Ortiz siempre quiso ese cargo de Teresa Peña. Entonces la disputa estaba entre César Quinto y Antonio Ortiz”, señala la fuente.
Diversas fuentes manejan teorías en torno a la situación, pero una consultada por Centroamérica 360 indica que la medida de despido también está acompañada de la disposición de detenerla “al parecer la tienen en casa por cárcel, porque no puede salir de su casa”.
De acuerdo con otra fuente que de igual forma pidió su anonimato por razones de seguridad, la exmagistrada, “no la destituyen de su cargo, pero la bajaron a otro puesto” aunque no específica cuál es el puesto que la dictadura la ha dejado.
La exmagistrada en su momento había sido militante del Partido Liberal Independiente en la era de Arnoldo Alemán, quien le prometió convertirla en magistrada, pero no le cumplió.
Ante esto, la dictadura del Frente Sandinista la retomó y la nombró en el cargo que Alemán le había prometido. Desde entonces, la letrada se había vuelto férrea sandinista, cumpliendo las órdenes de la pareja dictatorial y de los secuaces del orteguismo en el Caribe Sur.
Sin embargo, eso no fue ni ha sido suficiente y la vicedictadora la ha destituido de forma inconstitucional, porque fue la policía la cual llegó a notificarle sobre su despido a su casa de habitación, donde le quitaron las llaves de su oficina y su teléfono móvil para ser investigado en la capital nicaragüense.
En Bluefields, Teresa fue una de las principales violadoras de derechos humanos en el marco de las protestas desde el 2018 y luego, en los procesos judiciales exprés e improvisados realizados por órdenes de Ortega y Murillo.
En ha sido impuesto como como magistrado presidente Antonio Remy Ortiz Valverde, quien, en su momento, fue jefe de la Procuraduría General de la República en Bluefields, en el que de igual forma, fue ampliamente cuestionado por la sociedad del Caribe Sur, por hacerse de forma ilegal de propiedades y de venderlas, “incluyendo su casa en el barrio Lomas Frescas”, dice otra fuente que ha pedido el anonimato.
Lo mismo a otros jueces
Según fuentes, en la operación limpieza la dictadura también despidió a José Luis Patterson, quien era el juez local civil del municipio de Bluefields y le aplicaron la misma fórmula que la ex magistrada. Patterson ha sido toda la vida de tendencia liberal y llegó a su cargo a través de los gobiernos liberales, y la dictadura lo ha mantenido en su cargo, y desde entonces, ha sido militante sandinista.
Además, la esposa de Patterson, Yamilett Pérez, también es juez del municipio El Tortuguero, ubicado al norte de la Costa Caribe Sur ubicada a 203 kilómetros de Bluefields, está en la lista de los despidos masivos orientados por la dictadora Murillo.
“De la mujer de Patterson, ha sido cuestionada, porque dicen que ha hecho negocios. Ha sacado a gente presa a cambio de grandes manzanas de tierra, vacas y de todo. Ha sido corrupta en ese sentido”, dice la fuente.
Otros despidos
La dictadura ya había empezado a mover fichas de destitución, comenzando con Olga Alvarado, secretaria del Juzgado de Familia de Bluefields, y Geovannia León Matute, también secretaría de un juzgado local, y miembro de la Juventud Sandinista, y Margarita Terry, jueza del juzgado laboral de Bluefields, y una Guarda de Seguridad que no hemos logrado obtener su nombre.
A estas funcionarias, siempre bajo las órdenes de la policía, fueron llamadas a sus espacios de trabajo y las encerraron en su oficina. Allí, les quitaron sus celulares, las dejaron ir, pero les indicaron que ellas estaban casa por cárcel, que no podían salir de sus casas. “Las corrieron, les dieron sus cartas de despido sin derecho a liquidación y los celulares se los llevaron para Managua”, comparte la fuente.
En medio de la paranoia y desconfianza de la dictadura que no confía en sus funcionarios, están aplicando esa medida de forma generalizada, le están quitando los móviles a todos los funcionarios que van destituyendo. Murillo en su operación limpieza, al parecer busca limpiar las instituciones y ubicar gente que responda exclusivamente a ella.
