La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) alertó el pasado jueves sobre los constantes ataques que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos en Honduras.
En un comunicado oficial, expresó su preocupación por las serias dificultades que enfrenta el Sistema Nacional de Protección (SNP) para responder de forma efectiva ante estas agresiones.
La Oacnudh señaló que continúa monitoreando y documentando estos ataques y subrayó que el SNP está debilitado por una coordinación institucional deficiente, falta de presupuesto, escasez de personal, alta rotación y ausencia de procesos de formación especializados.
A una década de la aprobación de la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, la Oficina urgió al Estado hondureño a tomar medidas inmediatas para que el país deje de ser un entorno hostil para quienes defienden los derechos fundamentales y ejercen la libertad de expresión.

La normativa, aprobada el 15 de mayo de 2015, representó en su momento un avance importante al establecer un mecanismo especializado de protección, convirtiendo a Honduras en el cuarto país de la región con un sistema de este tipo. No obstante, la Oacnudh indicó que este mecanismo por sí solo no es suficiente.
“El fortalecimiento del SNP debe ser una prioridad de los tres poderes del Estado. Para muchos defensores, vivir con medidas de protección y bajo temor se ha convertido en una normalidad”, advirtió Bardia Jebeli, representante adjunto de la Oacnudh, y agregó que se requiere garantizar un entorno seguro donde puedan ejercer su labor sin temor a represalias.
Jebeli también recalcó que combatir la impunidad de los delitos cometidos contra defensores y periodistas no solo es una obligación legal del Estado, sino la forma más efectiva de proteger sus vidas y su trabajo.
“Silenciar las voces de quienes defienden los derechos humanos no tiene consecuencias en Honduras, lo que perpetúa los ataques y profundiza el clima de miedo e indefensión”, lamentó.
Ante esta situación, la Oacnudh instó al Estado hondureño a implementar una política integral que refuerce los mecanismos de protección, aborde las causas estructurales del riesgo, reconozca el valor de la labor de los defensores y garantice sanciones efectivas contra los agresores.
Asimismo, reiteró su disposición de brindar asistencia técnica al Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión.