La Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Guatemala envió una carta a la Comisión de Postulación encargada de integrar la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, en la que formula observaciones técnicas sobre el perfil de aspirantes y la tabla de gradación aprobada.
En la comunicación, la misión subraya que las actuaciones y decisiones deben desarrollarse con pleno apego al orden constitucional y legal vigente, garantizando transparencia, objetividad y certeza jurídica. Asimismo, recalca que el proceso debe fortalecer la legitimidad institucional, la confianza ciudadana y la institucionalidad democrática.
El documento recuerda que el Ministerio Público es un órgano constitucional auxiliar de la administración de justicia, cuyo jefe ejerce la acción penal pública, conforme al artículo 251 de la Constitución. También cita las Directrices sobre la función de los fiscales adoptadas por la ONU en 1990, que establecen que los fiscales deben ser personas probas, idóneas y con formación adecuada, capaces de ejercer sus funciones sin intimidación ni injerencias indebidas.
Observaciones técnicas
La misión advierte un “desajuste estructural” entre los criterios sustantivos declarados y los elementos efectivamente medidos en la tabla de gradación. Señala que el perfil exige capacidad, idoneidad, honradez, independencia e imparcialidad comprobadas, así como compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos; sin embargo, el esquema de evaluación prioriza métricas documentales como títulos y años de ejercicio, sin establecer indicadores verificables para evaluar dichos atributos.
El análisis sostiene que la acumulación cronológica de experiencia, sin diferenciar niveles de responsabilidad, complejidad institucional o resultados verificables, podría no reflejar la calidad del desempeño profesional. También advierte que la integridad se evalúa principalmente como ausencia de sanciones, sin considerar aspectos positivos como la gestión ética, la rendición de cuentas o posibles conflictos de interés.
Además, señala vulnerabilidades en los componentes cualitativos, como la entrevista y las pruebas psicométricas, al no contar con rúbricas públicas detalladas ni criterios de motivación escrita del puntaje, lo que podría generar cuestionamientos por discrecionalidad.
Riesgos y recomendaciones
La misión advierte que, de mantenerse el diseño actual, podrían surgir controversias sobre trato equitativo entre aspirantes, impugnaciones por falta de motivación en decisiones y percepciones de arbitrariedad.
Entre las recomendaciones técnicas plantea operacionalizar los criterios constitucionales con indicadores verificables; reequilibrar la valoración de la experiencia incorporando parámetros cualitativos; fortalecer el control de integridad con reglas explícitas sobre ética pública y conflictos de interés; blindar metodológicamente la entrevista con criterios previamente definidos; y garantizar trazabilidad plena en cada decisión de admisión, exclusión o asignación de puntaje.