El Congreso de Guatemala aumentó las penas de cárcel para personas condenadas por el delito de abuso sexual infantil. Los cambios fueron aprobados en el Código Penal, con los que pretenden aumentar la protección para las víctimas.
Los diputados acordaron endurecer las penas de cárcel de 10 a 14 años de prisión para el delito de violación, en el que se compruebe que una persona haya tenido cualquier acto carnal con un menor, implique o no violencia hacia el menor.
Mientras que, los demás delitos de agresiones sexuales serán castigados con penas de siete a 10 años, sin derecho a proceso abreviado. Las penas serán aplicadas a menores de 18 años, siendo este un cambio porque en la legislación anterior se aplicaban los castigos si el abusado era menor de 14 años.
“Uno de los avances más significativos es la ampliación del rango de protección, ya que anteriormente se limitaba a menores de 14 años” destacó el Congreso.
Además, la reforma obliga al Estado guatemalteco a prevenir estos hechos y a atender integralmente a las víctimas de abuso sexual, permitiéndoles acceso a servicios de salud, asistencia legal y programas educativos para crear redes de apoyo municipal y departamental.
La normativa aprobada también contempla la excepción para cuando las relaciones son consentidas entre adolescentes cuya diferencia de edad sea mínima, asegurando que en dicho encuentro no exista violencia, coerción y abuso de poder.
En el proceso de atención y protección de las víctimas deberá participar el Ministerio Público, el Organismo Judicial y la Secretaría de Bienestar Social. El Congreso aseguró que estas reformas fueron aprobadas partiendo que en 2025 se reportaron 77,000 casos de embarazos adolescentes entre 10 y 19 años de edad.
Los datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar) reportan que los departamentos con más casos de menores embarazadas fueron Alta Verapaz, Guatemala, Quiché, Huehuetenango y San Marcos durante el año pasado.