La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Guatemala instó a realizar una valoración objetiva de la trayectoria en la judicatura durante el proceso de elección del próximo fiscal general.
El pronunciamiento surge en el contexto de un amparo que cuestiona la participación de aspirantes provenientes del sistema judicial, bajo el argumento de que el ejercicio como juez no constituye práctica profesional como abogado.
La Misión recordó que los estándares interamericanos y la Constitución garantizan el derecho de los ciudadanos a optar a cargos públicos, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
Asimismo, señaló que el análisis de dichos requisitos debe realizarse con criterios claros, objetivos y previsibles, a fin de garantizar la seguridad jurídica, la igualdad de oportunidades y la estabilidad institucional.
En ese sentido, explicó que la Constitución establece que el fiscal general debe ser abogado colegiado y cumplir con los mismos requisitos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El organismo destacó que la función jurisdiccional, ejercida por profesionales del Derecho, constituye una forma válida y especializada del ejercicio de la profesión jurídica.
Por ello, consideró que excluir a jueces y magistrados mediante interpretaciones restrictivas podría limitar de forma injustificada su participación en el proceso de selección.
La Misión también subrayó que las decisiones deben estar debidamente fundamentadas y alineadas con la Constitución, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana y el Estado de derecho.
El proceso de elección se desarrolla bajo atención internacional, en medio de cuestionamientos a la actual fiscal general, Consuelo Porras, por señalamientos de corrupción y prácticas antidemocráticas.
La Comisión de Postulación deberá presentar una nómina de seis candidatos al presidente Bernardo Arévalo de León, quien tendrá la responsabilidad de nombrar al nuevo fiscal general antes del 16 de mayo.
