La dictadura de Nicaragua, liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha intensificado su control autoritario con una nueva Constitución que concentra todo el poder en el Ejecutivo y legitima medidas de represión contra la disidencia, denunció este miércoles Human Rights Watch (HRW) en su más reciente informe.
Desde enero, la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— aprobó una reforma constitucional que designa a Murillo como “copresidenta” y le permite al binomio presidencial coordinar los poderes Judicial y Legislativo, en un país donde Ortega gobierna desde 2007. En 2014, una reforma previa eliminó los límites a la reelección presidencial.
La represión se ha extendido incluso a sectores que antes simpatizaban con el régimen. HRW alertó que, hasta octubre, al menos 77 personas seguían encarceladas como presos políticos, en un clima marcado por la vigilancia, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. En agosto de 2025, los opositores Carlos Cárdenas y Mauricio Alonso murieron bajo custodia tras semanas desaparecidos, según el medio Confidencial. Con ellos, suman al menos seis presos políticos fallecidos desde 2019.
HRW denunció que la nueva Constitución otorga base legal para despojar de la nacionalidad a quienes sean considerados “traidores”, práctica que comenzó en 2023. Hasta la fecha, al menos 452 nicaragüenses han sido despojados arbitrariamente de su ciudadanía y despojados de sus bienes. Desde 2022, más de 200 religiosos católicos han sido deportados, forzados al exilio o impedidos de retornar al país.
Represión más allá de fronteras
La persecución política también se ha extendido al extranjero. Según expertos de la ONU, disidentes nicaragüenses exiliados han sufrido acoso, vigilancia e incluso ataques violentos. En junio de 2025, el militar retirado Roberto Samcam, crítico del régimen, fue asesinado en su residencia en San José, Costa Rica. Había recibido amenazas vinculadas a agentes nicaragüenses. En septiembre, las autoridades costarricenses arrestaron a cuatro sospechosos; tres de ellos están en prisión preventiva.
Desde 2018, al menos siete opositores nicaragüenses en el exilio han sido víctimas de ataques. En respuesta, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) urgió establecer mecanismos robustos para proteger a los exiliados y pidió investigaciones exhaustivas sobre estas amenazas transnacionales.
Ataques a la libertad de prensa y sociedad civil
Según el informe, la dictadura ha prácticamente desmantelado la sociedad civil. Desde 2018, más de 5,500 organizaciones han sido canceladas, entre ellas ONGs, universidades y medios de comunicación. En total, al menos 58 medios han cerrado. Entre 2018 y mediados de 2025, 293 periodistas huyeron del país, el segundo número más alto de la región.
En noviembre entró en vigor una ley de telecomunicaciones que obliga a las empresas proveedoras de datos y contenidos audiovisuales a entregar información de ubicación y acceso irrestricto a las autoridades, una medida que pone en riesgo la privacidad, la libertad de expresión y la protección de datos.
HRW también denunció que líderes indígenas y afrodescendientes han sido objeto de detenciones arbitrarias y persecuciones. En 2023, las líderes de YATAMA, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, fueron arrestadas. Henríquez fue condenada a ocho años de prisión por “menoscabo a la integridad nacional”, mientras que se desconoce el paradero de Rivera.
Crisis migratoria y aislamiento internacional
Más de 342,000 nicaragüenses han solicitado asilo entre 2018 y mediados de 2025, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos, México y España. A ellos se suman 31,000 personas reconocidas formalmente como refugiadas. Este año, Estados Unidos eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para nicaragüenses, afectando a unos 4,000 beneficiarios. Solo en el primer semestre, 2,100 nicaragüenses fueron deportados desde ese país.
En un proceso de aislamiento sin precedentes, Nicaragua se desvinculó en 2025 de agencias como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la FAO, OIT, OIM, UNESCO y ACNUR. También se negó a participar en su evaluación del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas y en 2023 se retiró formalmente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Desde 2018, no se permite el ingreso al país de organismos internacionales de derechos humanos.
Crímenes de lesa humanidad y sanciones
El GHREN aseguró que existen fundamentos razonables para afirmar que el régimen ha cometido crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, torturas, violaciones, persecuciones por motivos políticos y deportaciones forzadas. El grupo pidió a los Estados presentar un caso contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a las convenciones sobre apatridia.
En abril, Estados Unidos impuso restricciones de visa a más de 250 funcionarios nicaragüenses, con lo que suma más de 2,000 sancionados. También mantiene sanciones económicas dirigidas a altos funcionarios y entidades estatales. La Unión Europea renovó en octubre las sanciones a 21 individuos y tres entidades, mientras que Reino Unido y Canadá han sancionado a 17 y 35 personas, respectivamente.
