Un documento interno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, la sangrienta organización en control de Nicaragua, define como prioridad para el año 2026 el control territorial, la seguridad y vigilancia total y la lealtad política, mientras sustituye la gestión pública por retórica épica, religiosa y partidaria
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha delineado su hoja de ruta para 2026 en un extenso documento interno distribuido entre cuadros políticos, instituciones del Estado, órganos de seguridad y misiones diplomáticas.
Ahí la prioridad no es el desarrollo del país, sino la preservación del poder en un contexto de aislamiento internacional, represión sostenida y desgaste social.
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El texto, titulado “Líneas generales para el año 2026”, está dirigido a los “principales ejecutores” del programa político de la dictadura y fue fechado el 19 de diciembre de 2025.
A lo largo de 28 páginas de retórica inflada de adjetivos vacíos, el régimen mezcla consignas partidarias, lenguaje religioso y exaltación histórica para justificar una estrategia centrada en la cohesión forzada, la vigilancia social y la neutralización de cualquier disenso .
Lejos de proponer reformas institucionales o mejorías sociales claras, el documento insiste en “unidad”, “lealtad”, “disciplina” y “paz”, conceptos que en la práctica han servido para legitimar la criminalización de la oposición, el exilio masivo y el control absoluto de la vida pública.
Un plan de poder disfrazado de proyecto nacional
El eje central del documento es el fortalecimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional como estructura de control territorial y político.
El partido en control de la familia Ortega Murillo es presentado como “patrimonio inmortal” y “principal tesoro”, por encima de cualquier institución del Estado.
Las llamadas Unidades de Victorias (UVEs), los registros de militantes, la certificación de carnets y la expansión de brigadas juveniles aparecen como tareas prioritarias para 2026.
El objetivo explícito es tener presencia activa en cada barrio, comunidad y municipio, bajo una lógica de movilización permanente.
El documento asume que la legitimidad ya no proviene del voto ni de la institucionalidad, sino de la ritualización del poder: congresos, caminatas, efemérides, celebraciones y actos masivos obligatorios, presentados como expresión de un supuesto consenso nacional.
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Seguridad total y vigilancia como norma
Uno de los apartados más extensos está dedicado a la llamada “Seguridad soberana y ciudadana”. En ese capítulo, la dictadura se compromete a garantizar seguridad “en todos los aspectos de la vida”, una formulación ambigua que en los hechos legitima la vigilancia permanente, la inteligencia política y la represión preventiva.
El Ejército, la Policía y los órganos de seguridad son definidos como herederos directos “de la gesta” de Augusto C. Sandino, una narrativa que busca blindar su lealtad política y justificar su papel central en el sostenimiento del régimen.
La “paz”, repetida como consigna a lo largo del documento, no aparece asociada a derechos o libertades, sino al orden y la estabilidad de la represión.
Juventud, medios y religión bajo control
La juventud sandinista ocupa un lugar estratégico en el plan 2026. El documento la define como “eslabón vital” y propone intensificar su incorporación a actos oficiales, inauguraciones y celebraciones partidarias.
El objetivo es claro: evitar una ruptura generacional como la que detonó las protestas de 2018 y hacer creer a los jóvenes que participan de la toma de decisiones de alcoba que adopta el matrimonio de El Carmen.
En el ámbito de los medios de comunicación, el texto habla de “comunicación verídica y verdadera”, una fórmula que en la práctica significa monopolio del relato oficial.
Se ordena a los empleados de la familia Ortega Murillo fortalecer la capacitación y coordinación con comunicadores “afines”, así como estrechar vínculos con medios internacionales que compartan la narrativa del régimen y sus aliados rusos, chinos, iraníes y venezolanos.
La relación con las iglesias, tras años de confrontación con la Iglesia católica, la presentan como de “respeto mutuo”, pero bajo una condición explícita: sin “injerencias” ni cuestionamientos al poder político.
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Economía mínima y diplomacia defensiva
En materia económica, el plan insiste en emprendimiento, turismo, festividad y creatividad, sin mencionar reformas estructurales, transparencia o seguridad jurídica.
Se promueve una economía de supervivencia, con empleo precario y sin derechos colectivos, diseñada para evitar estallidos sociales sin empoderar a la ciudadanía.
La política exterior, por su parte, busca reducir el aislamiento internacional sin modificar el modelo autoritario. Las embajadas y misiones diplomáticas aparecen llamadas a funcionar como plataformas de propaganda y articulación ideológica, más que como espacios de diplomacia tradicional.
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Llegar a 2026 sin fisuras
El documento apuesta a alianzas selectivas con gobiernos afines y a un discurso victimista frente a sanciones y críticas internacionales, con el objetivo de normalizar el autoritarismo nicaragüense en el escenario global.
En conjunto, las Líneas generales para el año 2026 revelan una estrategia clara: llegar a ese año con el poder intacto, sin reformas políticas, con la sociedad contenida, la juventud neutralizada y los aparatos de seguridad plenamente alineados.
En lugar de responder a la crisis democrática, económica y social que vive Nicaragua, el régimen opta por reforzar el control, sacralizar su liderazgo y administrar el país en modo defensivo.
