El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojó de la nacionalidad nicaragüense a 135 exprisioneros políticos, quienes fueron desterrados a Guatemala el pasado 5 de septiembre.
La medida fue dictada por la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, en el marco de las leyes #1055 y #1145, que permiten la desnacionalización y confiscación de bienes de aquellos acusados de “atentar contra la soberanía y la paz del país”.
La Corte Suprema de Justicia anunció en un comunicado que los afectados por esta resolución judicial fueron previamente condenados por “incitar y promover la violencia, el terrorismo y la desestabilización económica”. Además de perder su ciudadanía, sus propiedades serán confiscadas como parte del castigo por los presuntos daños que sus acciones habrían causado a la población nicaragüense.
🚨🇳🇮 La dictadura sandinista desnacionaliza a los 135 nicaragüenses que fueron desterrados a Guatemala. El régimen utiliza el destierro y la apatridia como una medida para aterrorizar a la población y silenciar a la oposición. Somos ➕ 452 nicas desnacionalizados. #LibertadYA ✊🏻 pic.twitter.com/sEKuwTN2kF
— Irlanda Jerez (@IrlandaJerez) September 10, 2024
La incautación de bienes afecta propiedades inmuebles, cuentas bancarias y otros activos en Nicaragua, con la justificación de “resarcir los daños materiales e inmateriales” que, según el régimen, fueron ocasionados por los ex presos políticos. El gobierno de Ortega-Murillo afirma que esta medida busca hacer “justicia efectiva” y mantener la paz y seguridad en el país.
Los 135 expresos políticos forman parte de un grupo más amplio de opositores que fueron excarcelados y desterrados en meses recientes, en una acción que ha sido ampliamente criticada por organismos internacionales y defensores de derechos humanos, que señalan que el régimen utiliza la desnacionalización como una herramienta para silenciar a sus críticos.
Este nuevo golpe a la disidencia nicaragüense se produce en un contexto de creciente represión y control por parte del gobierno, que continúa enfrentando sanciones y aislamiento en la comunidad internacional.
