La dictadura Ortega-Murillo está recurriendo a la desaparición forzada como nueva táctica de represión política, según denunció el diario estadounidense The New York Times en un extenso artículo publicado el domingo.
El diario advierte que la dictadura nicaragüense ha adoptado una preocupante táctica de represión: la desaparición forzada de opositores, según denuncias de organizaciones internacionales de derechos humanos.
“Las víctimas son detenidas sin orden judicial, no son presentadas ante tribunales ni se informa a sus familiares sobre su paradero”, señala el artículo de la periodista Frances Robles, quien ha cubierto el país centroamericano por más de dos décadas.
El reportaje cita el caso del ingeniero y activista José Alejandro Hurtado, de 57 años, arrestado en enero por la policía bajo el pretexto de una investigación relacionada con un vehículo robado. Desde entonces, su familia no ha vuelto a verlo. Es uno de los 33 detenidos en paradero desconocido.
El diario advierte que las desapariciones, que violan el derecho internacional, han generado temor generalizado entre la población y recuerdan los métodos represivos usados por dictaduras militares en América Latina. Aunque la mayoría de casos han ocurrido en los últimos dos años, la represión en Nicaragua se ha intensificado desde 2018.
Desaparecidos y luego muertos
También menciona los casos de Mauricio Petri y Carlos Cárdenas, dos detenidos que aparecieron muertos.
El 25 de agosto, el cuerpo de Mauricio Petri, detenido 38 días antes junto a su esposa e hijo por ser miembro de una iglesia considerada opositora, fue entregado sin permitir autopsia y sepultado bajo vigilancia oficial. Cuatro días después, sucedió lo mismo con el abogado católico Carlos Cárdenas Zepeda, también desaparecido. Ninguno recibió explicación oficial sobre la causa de su muerte.
De los 73 presos políticos documentados, casi la mitad no aparecen en bases de datos judiciales, y muchos no han sido acusados formalmente. Algunos familiares han recorrido estaciones de policía y cárceles durante semanas sin obtener respuesta.
Entre los desaparecidos figuran docentes, líderes indígenas, periodistas, activistas y pastores, muchos de ellos mayores de 60 años o con enfermedades crónicas. Uno de los casos más extremos es el de un detenido de 81 años. Varios fueron capturados durante operativos simultáneos en los últimos meses.
Gobierno silencia a familiares y obstaculiza defensa legal
El régimen sandinista ha clausurado todas las organizaciones de derechos humanos y ha inhabilitado a abogados que podrían representar a las víctimas. “Es imposible defender a alguien de un caso fantasma que oficialmente no existe”, afirmó Salvador Marenco, abogado exiliado en Costa Rica citado por The New York Times.
En 2021, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, modificó el Código Penal para permitir detenciones sin cargos por hasta 90 días, lo que facilita estas desapariciones. Tampoco se aceptan recursos de habeas corpus y los abogados que intentan intervenir son perseguidos o desterrados.
Uno de los casos más inquietantes es el de Carlos Brenes Sánchez, coronel retirado de 70 años, detenido junto a su pareja en agosto. Su hija, Thelma Brenes, exige al gobierno “una prueba de vida”. Brenes ya había sido arrestado en 2018 por criticar la represión tras las protestas masivas.
Rosario Murillo estaría detrás del reforzamiento del control político
Aunque ambos gobiernan como copresidentes, analistas señalan que Rosario Murillo lidera la estrategia para eliminar voces independientes ante la posibilidad de que Ortega, quien cumplirá 80 años, pierda la capacidad de gobernar. Murillo, de 74, funge además como vocera gubernamental y no respondió a solicitudes de comentarios.
Expertos como Reed Brody, del Grupo de Derechos Humanos de la ONU, advierten que muchas familias no denuncian por miedo. Las autoridades han amenazado con arrestar a quienes insistan en buscar a sus seres queridos o publicar información.
“Esta es una táctica deliberada para borrar del mapa a quienes el régimen considera una amenaza”, denunció la organización Monitoreo Azul y Blanco.