La dictadura de Nicaragua confiscó más de 1.7 millones de metros cuadrados en la comarca San Isidro, municipio de El Realejo, en el departamento de Chinandega, al occidente del país, para favorecer un proyecto de inversión china.
Así lo confirmó la funcionaria del régimen, Wendy Morales Urbina, cabeza de la Procuraduría General de “Justicia”, según reportó el portal oficialista El 19 Digital.
La medida implica la expropiación de propiedades de al menos una docena de familias, que deberán abandonar sus tierras para dar paso a la ampliación del Centro Logístico Julia Herrera de Pomares.
El proyecto, financiado con un crédito de la empresa china Iconic Technology Company Limited (CHINAICTC), contempla patios de contenedores, almacenes inteligentes con control climático y una zona franca.
Según el acuerdo administrativo 1-2025 de la PGJ, cuatro propiedades se confiscaron en su totalidad y ocho de manera parcial, quedando bajo control de la Empresa Portuaria Nacional (EPN).
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Confiscaciones: un modelo a favor de extranjeros
Este tipo de expropiaciones se ha convertido en una práctica recurrente del régimen Ortega-Murillo, que desde 2021 ha priorizado megaproyectos con capital chino sobre los intereses de comunidades locales.
El ejemplo más recordado fue la concesión de amplias áreas para la fallida construcción del Gran Canal Interoceánico, que desplazó a miles de campesinos sin que se concretara ninguna obra.
Ahora, las familias de El Realejo enfrentan un proceso legal limitado. De acuerdo con la Ley de Expropiación, los dueños pueden negociar el monto de la indemnización, pero no pueden negarse a abandonar sus terrenos.
En caso de no llegar a un acuerdo, el Estado procede con un juicio civil, aunque la propiedad pasa a manos del Estado incluso antes de que concluya el litigio.
China gana influencia, Nicaragua pierde soberanía
El Centro Logístico Julia Herrera de Pomares fue inaugurado en diciembre de 2024 por Laureano Ortega Murillo, con un primer financiamiento parcial del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Sin embargo, la nueva fase quedó en manos de empresas chinas, con un préstamo aprobado por la Asamblea Nacional en julio de 2025 por 126.6 millones de dólares.
Para críticos y analistas, la obra confirma el creciente dominio de Pekín en áreas estratégicas del país: puertos, telecomunicaciones, energía y comercio.
A cambio, el régimen entrega soberanía y desplaza a comunidades enteras. “Se prioriza a empresas extranjeras mientras las familias locales son tratadas como obstáculos a remover”, denunció un abogado que prefirió el anonimato.
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Antecedentes: confiscaciones a la medida de China
La relación privilegiada entre Managua y Pekín se consolidó tras la ruptura con Taiwán en 2021. Desde entonces, el régimen ha firmado múltiples acuerdos que benefician a conglomerados chinos en detrimento de productores y comerciantes nicaragüenses.
Un ejemplo es la entrada de cadenas de supermercados chinos amparados en el Tratado de Libre Comercio (TLC), lo que ha puesto en desventaja a tenderos locales.
Además, este mes se documentó la entrega a China de la modernización de sistemas aduaneros, y en 2024 se aprobaron proyectos conjuntos en minería y telecomunicaciones, todos bajo esquemas de confidencialidad que impiden la fiscalización pública.
Familias invisibles ante el poder
Mientras el oficialismo presenta el proyecto como un “avance estratégico para el comercio regional”, decenas de familias campesinas de El Realejo se preparan para perder tierras heredadas por generaciones.
“La ley permite negociar el precio, pero no impide el despojo”, explicó un jurista.
La historia es familiar en Nicaragua: detrás de la propaganda de modernización se esconde la marginación de los ciudadanos frente a los intereses políticos y económicos de la dictadura y favor de China y sus aliados locales, usualmente miembros de la familia Ortega Murillo o testaferros.
Con estas confiscaciones, Nicaragua confirma un patrón de abuso: los Ortega-Murillo convierten a sus propios ciudadanos en víctimas de proyectos diseñados para afianzar alianzas internacionales y negocios personales, no para beneficiar a las comunidades locales.