En medio de crecientes denuncias por violaciones de derechos humanos en Nicaragua, la Asamblea Nacional ratificó de forma unánime un acuerdo entre la dictadura de Daniel Ortega y la Rusia de Vladimir Putin para garantizar la protección recíproca de sus ciudadanos ante eventuales acciones de la justicia penal internacional.
El tratado, firmado el pasado 20 de junio en San Petersburgo, busca impedir que ambos gobiernos cooperen o faciliten procesos judiciales nacionales o internacionales que afecten la soberanía del otro. La medida, según el oficialismo, representa una “estrategia de defensa frente a la manipulación judicial de potencias hegemónicas”.
En su exposición de motivos, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó a la justicia internacional de operar con un “doble rasero” y responder a intereses políticos. “El Estatuto de Roma carece de relevancia real. Su accionar ha sido cooptado por potencias que ocultan sus propios crímenes”, alegaron.
El acuerdo fue respaldado por los diputados oficialistas como una acción “histórica” de defensa de la soberanía nacional, ante lo que denominan “persecución judicial internacional manipulada políticamente”.
Filiberto Rodríguez, legislador sandinista, sostuvo que el pacto evidencia el compromiso del Estado con la paz y la dignidad humana: “Es una respuesta a la selectividad con la que se violan los principios del derecho internacional y los derechos humanos en Nicaragua”.
La decisión ocurre mientras el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU busca que el Gobierno de Nicaragua enfrente demandas por crímenes de lesa humanidad, incluyendo torturas, persecución política y apatridia.
El 3 de abril, este grupo publicó una lista de 54 funcionarios nicaragüenses, encabezados por Ortega y Murillo, como responsables directos de las violaciones cometidas desde 2018. Entre ellos figuran altos mandos del Ejército, la Policía, la Corte Suprema de Justicia y el Parlamento.
Justicia a medida y blindaje internacional
El nuevo acuerdo con Rusia contempla una “especial protección” para personas que han trabajado en favor de la paz y el desarrollo social, pero, según analistas, también crea un escudo legal para altos mandos acusados de graves delitos.
El portal oficialista El 19 destaca que este tratado promueve una justicia internacional basada en la imparcialidad y el respeto al derecho internacional, sin interferencias externas.
Mientras tanto, organismos internacionales insisten en que Nicaragua sigue retrocediendo en el respeto a las libertades fundamentales, y alertan que el régimen de Ortega-Murillo continúa utilizando estructuras legales para blindarse frente a futuras responsabilidades penales.
