El Mecanismo de Incidencia Ciudadana (MIC) advirtió que las crisis registradas en el Congreso Nacional de Honduras durante el período 2022-2026, dirigido por el diputado de Libre, Luis Redondo, no fueron producidas por hechos aislados sino por “fallas estructurales persistentes en el funcionamiento”.
El MIC señala que desde su toma de posesión hasta el fin del período, el Congreso estuvo marcado por déficits “acumulados de legitimidad, gobernabilidad, transparencia y rendimiento institucional” que no fueron corregidos y que por ende, se profundizaron aún más con el paso del tiempo.
Por ello, el Mecanismo concluye que el Congreso tiene varios problemas que no solo son político-partidarios sino también institucional y sistémico. Una de las crisis que el informe señala es la de instalación, cuando existían dos Juntas Directivas simultáneas, lo que significó “una fractura directa al principio de legalidad, seguridad jurídica y normalidad democrática”.
“La administración del Congreso Nacional (2022-2026) restringió el acceso a la veeduría social, a pesar de señales críticas como el ausentismo recurrente, un elevado costo operativo y una agenda legislativa alejada de la realidad nacional” afirma el informe del Mecanismo de Incidencia Ciudadana.
El informe también indica que particularmente en 2023 se observaron largos períodos sin que el Congreso sesionara y con “inasistencia reiterada de diputados”. Luego, el Congreso habría estado trabajando en aprobar “decretos de bajo impacto estructural” sin reformas estructurales que la población pedía, pero sí con altas ejecuciones presupuestarias.
Para el MIC, esto llevó a que del Congreso se reforzara la idea que es “una institución costosa e ineficiente”. A eso se suma que en el período 2025-2026, los legisladores limitaron el debate parlamentario y desatendieron la función legislativa por dedicarse a la campaña de las elecciones primarias de noviembre pasado.
Sugieren dar acceso completo a trabajo legislativo
Para concluir, el MIC recomienda al Congreso hondureño que asuma “la participación ciudadana como obligación democrática”, que reconozca mecanismos de veeduría y que garantice el acceso completo y oportuno a proyectos de ley, dictámenes, asistencia y votaciones, dictámenes y versiones finales e información de gestión presupuestaria.
Asimismo, sugiere que no se deje a un lado los debates parlamentarios y que para ello, se establezcan tiempos ordenados de participación, que se publique la agenda legislativa y que se garantice que “toda ley de impacto estructural sea precedida” por la discusión pública correspondiente.
