El más reciente informe presentado el martes por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que analiza la situación de los derechos humanos en 2024 presenta un panorama complejo y desigual para los países de Centroamérica.
Aunque algunos países muestran avances en áreas como libertad de prensa y protección a la niñez, en otros se reporta un grave deterioro a las libertades civiles, represión política y violencia.
En la región, las problemáticas se repiten: hostigamiento a periodistas, trabas para sindicalizarse, impunidad en casos de violencia, trabajo infantil y sistemas migratorios saturados.
Mientras países como Costa Rica y Belice mantienen, en general un respeto a las garantías fundamentales, otros como Nicaragua, Honduras y Guatemala enfrentan denuncias sistemáticas de represión, abusos y uso político de las instituciones.
Guatemala: violencia e impunidad limitan los avances
Guatemala vivió en 2024 una apertura parcial hacia la prensa con el nuevo gobierno, pero la violencia contra periodistas, líderes comunitarios y sindicalistas sigue siendo una amenaza. La libertad sindical existe en la ley, pero en la práctica se ve afectada por asesinatos, amenazas y despidos ilegales.
La violencia, el trabajo infantil y la falta de oportunidades continúan forzando la migración. Aunque hay cooperación internacional en refugio y asilo, persisten obstáculos para que guatemaltecos en el exterior accedan a servicios y documentos.
El Salvador: seguridad a costa de libertades
En El Salvador, el estado de excepción iniciado en 2022 continuó en 2024, reduciendo drásticamente la violencia de las pandillas, pero con denuncias de detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas. Aunque la libertad de prensa está protegida con la Constitución, se reportan casos de amenazas y hostigamiento contra periodistas.
En el plano laboral, persisten las trabas legales para la sindicalización y la negociación colectiva, con especial vulnerabilidad en el sector informal, que abarca tres cuartas partes de la economía. En niñez y migración, se denunciaron abusos en centros juveniles y vacíos legales que dificultan el acceso al asilo.
Honduras: amenazas y violencia contra la prensa y sindicatos
En Honduras, periodistas y defensores de derechos humanos sufren amenazas y agresiones, lo que fomenta la autocensura. El derecho a la sindicalización es vulnerado con despidos y hostigamientos y el 58 % de la fuerza laboral sigue en la informalidad.
La violencia, incluidas desapariciones y torturas, junto al matrimonio y trabajo infantil, empujan a miles de personas a migrar. El sistema de atención a refugiados depende en gran parte del apoyo internacional.
Belice: estabilidad con desafíos en la aplicación de derechos
En Belice, la libertad de prensa y expresión se mantiene, aunque con casos aislados de uso de leyes para limitar críticas. El sector laboral enfrenta discriminación antisindical, especialmente contra trabajadores migrantes centroamericanos.
En seguridad personal, hubo denuncias contra policías por abusos y aunque el matrimonio infantil está prohibido, persisten prácticas culturales que lo facilitan. El país avanza lentamente en la regularización de miles de migrantes, pero el sistema de asilo carece de reconocimiento independiente del estatus.
Nicaragua: represión generalizada
Nicaragua vive uno de los peores panoramas de la región, con severas restricciones a la libertad de expresión, persecución a opositores, censura en internet y exilio forzado de los periodistas. Los sindicatos independientes son prácticamente inexistentes debido al control gubernamental y la represión laboral.
En seguridad personal, el informe documenta asesinatos, torturas y desapariciones, así como trabajo infantil y matrimonios tempranos. En migración, el gobierno no coopera con organismos internacionales y mantiene represalias con críticos en el exterior y sus familias.
Costa Rica: respeto general, pero con retos laborales
Costa Rica mantiene un alto respeto por la libertad de expresión y una política de asilo garantista, especialmente para nicaragüenses. La Corte Suprema reforzó el derecho de acceso a la información pública.
En el ámbito laboral, migrantes en sectores agrícolas y zonas francas enfrentan condiciones precarias y dificultades para sindicalizarse. Aunque no se reportan abusos graves por parte de las autoridades, el sistema de refugio está saturado.
Panamá: avances legales con vacíos en la práctica
En Panamá, la libertad de expresión está garantizada, pero persisten demandas y presiones contra periodistas, generando autocensura. El marco laboral reconoce derechos sindicales, aunque con restricciones y aplicación desigual, sobre todo en zonas rurales e informales.
En migración, el país enfrenta un atraso de más de 5.000 solicitudes de refugio, dejando a muchas personas sin acceso a derechos básicos. En niñez, la prohibición del matrimonio infantil se aplica de forma efectiva y se combate el trabajo infantil.
