El proceso de elección de funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público (MP) en Guatemala enfrenta serias debilidades en la integridad por desafíos estructurales y operativos de los procesos, según un informe del Instituto de Derechos Humanos.
El informe “La democracia guatemalteca en una encrucijada: desafíos y oportunidades en los procesos de selección judicial de 2026” del Instituto de Derechos Humanos señala que los procesos de elección de funcionarios de segundo grado sufren graves problemas de integridad debido a varios factores.
Entre esos factores, destacan que los mandatos judiciales son muy cortos, que tanto el TSE como la Corte y el MP se eligen simultáneamente y que las comisiones de postulación tienen “vulnerabilidades del sistema”, el cual, “sigue expuesto a la injerencia política y el clientelismo”.
“La Misión está preocupada porque estas deficiencias institucionales se ven agravadas por un clima de intimidación y criminalización de los funcionarios de justicia y las autoridades indígenas” señala el informe divulgado.
En ese sentido, el Instituto considera que la evaluación de los candidatos a estos cargos podría basarse en “criterios más sólidos” que se fundamenten en el mérito, en una rigurosa verificación de integridad y en metodologías de evaluación más claras que prioricen la experiencia profesional y la independencia judicial.
¿Cómo fortalecer la legitimidad?
El Instituto sostiene en el informe que la legitimidad y la confianza de los ciudadanos en proceso de elección se fortalecería si las comisiones de evaluación fueran transparentes y permitieran la participación ciudadana en los procesos.
En los procesos se tendría también que asegurar que existan deliberaciones transparentes, entrevistas públicas y revisiones eficaces de las objeciones de los procesos. Sin embargo, las deficiencias en los procesos desalientan a candidatos cualificados y socavan la supervisión independiente.
Por ello, el Instituto advierte que las constantes barreras estructurales no permiten la participación activa de los pueblos indígenas.
El informe concluye que la elección de los nuevos funcionarios es una oportunidad “crucial” para que Guatemala pueda finalmente fortalecer sus instituciones democráticas y la tan esperada independencia judicial.
De las tres elecciones citadas, solo falta que el presidente de la República, Bernardo Arévalo, nombre al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público. La fase de presentación de impugnaciones terminó ayer
